Modelo salvadoreño de megacárceles se extiende en Latinoamérica
Países latinoamericanos impulsan cárceles inspiradas en El Salvador, mientras expertos cuestionan su eficacia y advierten sobre posibles abusos.
El modelo salvadoreño de megacárceles gana presencia en Latinoamérica, donde desde 2023 al menos siete países han anunciado o iniciado proyectos para construir grandes centros penitenciarios, siguiendo una estrategia de seguridad.
Según un reporte de la agencia EFE, Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala figuran entre las naciones que han planteado este tipo de instalaciones. En conjunto, se han propuesto al menos 16 megacárceles, aunque varias iniciativas todavía se encuentran en fase de planificación o construcción.
El interés por estas prisiones está relacionado con la búsqueda de respuestas frente a la violencia y la expansión del crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que construir establecimientos de alta seguridad no garantiza, por sí solo, el debilitamiento de las organizaciones criminales.

¿Qué países están replicando el modelo salvadoreño?
Uno de los principales referentes de esta tendencia es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido en El Salvador como parte de la estrategia de seguridad aplicada durante el Gobierno de Nayib Bukele.
En Costa Rica fue inaugurado recientemente el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), inspirado en el recinto salvadoreño y con capacidad para 5,100 reclusos.

Ecuador también ha desarrollado proyectos penitenciarios de gran escala. En noviembre de 2025, la Cárcel del Encuentro comenzó a recibir internos, mientras que el Gobierno de Daniel Noboa anunció otro establecimiento para 15,000 personas.
Por su parte, Paraguay puso en funcionamiento el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, destinado a presos de alta seguridad.
En Argentina se construye el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap), conocido como «El Infierno».
La influencia del sistema salvadoreño también se refleja en las visitas de dirigentes extranjeros al Cecot.
El mandatario chileno José Antonio Kast recorrió sus instalaciones antes de asumir la Presidencia para «tomar ideas» que pudieran aplicarse en su país, aunque aclaró que no necesariamente reproduciría el sistema de la misma manera.
La presidenta peruana, Keiko Fujimori, también visitó la prisión en octubre.
No obstante, la investigación «Mapa de las megacárceles de América Latina», de InSight Crime, señala que muchas de estas propuestas todavía no representan transformaciones concretas de las políticas penitenciarias.

¿Las megacárceles reducen el crimen organizado?
La construcción de centros de gran capacidad busca reforzar el control sobre personas vinculadas con organizaciones criminales, pero especialistas consultados por EFE cuestionan que esta medida pueda resolver las causas y estructuras de la violencia.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), considera que algunos países han tomado principalmente elementos visibles de la estrategia salvadoreña.
«Lo que en realidad se ha copiado es la estética y la narrativa, el endurecimiento de penas, que no tiene nada de novedoso en América Latina, y la construcción de megacárceles», explicó.
La especialista señaló que Ecuador combinó estas medidas con la militarización, mientras Honduras incorporó un régimen de excepción, sin que, según su evaluación, esas estrategias hayan conseguido reducir la violencia.

InSight Crime también advierte que distintas organizaciones criminales latinoamericanas surgieron o fortalecieron sus operaciones dentro de las prisiones.
Entre los ejemplos mencionados figuran el Tren de Aragua, en Venezuela; el Primer Comando Capital, en Brasil, y Los Choneros, en Ecuador.
Goebertus sostiene que estos antecedentes muestran los riesgos de concentrar a integrantes de estructuras delictivas en grandes establecimientos sin resolver los mecanismos que permiten mantener sus operaciones.
«En América Latina, las cárceles no han sido el final del crimen organizado, sino con frecuencia su origen y su centro de mando», afirmó.

Las diferencias entre países dificultan copiar la estrategia
Otro de los cuestionamientos está relacionado con las características de las organizaciones criminales presentes en cada nación.
Según Goebertus, El Salvador enfrentaba principalmente pandillas con control territorial local y estructuras diferentes a las redes transnacionales presentes en otros países.
En Ecuador, por ejemplo, las organizaciones criminales están vinculadas con el control de puertos y rutas internacionales del narcotráfico, además de contar con recursos para corromper instituciones.
Honduras enfrenta una combinación de extorsión, narcotráfico y vínculos entre sectores políticos y estructuras delictivas, mientras que Colombia presenta dinámicas relacionadas con la transformación del conflicto armado.
Estas diferencias plantean interrogantes sobre la posibilidad de trasladar una misma política penitenciaria a contextos de seguridad distintos.
Para Goebertus, el riesgo no se limita a la construcción de prisiones, sino a la adopción de medidas que reduzcan las garantías legales de las personas detenidas.
«Lo que se importa no es una cárcel, sino la idea de que los derechos son un obstáculo para la seguridad», advirtió.
Mientras más países latinoamericanos anuncian establecimientos penitenciarios de gran escala, permanece abierto el debate sobre sus resultados, sus mecanismos de control y su capacidad para enfrentar al crimen organizado sin comprometer los derechos humanos.
Con información de EFE
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