Con 63 votos, la Asamblea Legislativa aprobó en la sesión plenaria de este martes la prórroga por seis meses a la Ley Especial Transitoria para Sancionar Infracciones a la Comercialización de Productos derivados del Petróleo, la cual establece multas entre $500 hasta $100,000 por incumplir con las obligaciones relacionadas con cantidad, calidad y precio de los productos del petróleo.
El dictamen favorable a la extensión del plazo fue emitido por la Comisión de Economía el pasado 18 de enero.
El decreto aprobado en marzo de 2022 se prorrogó en tres ocasiones y el último plazo finaliza el 29 de enero de 2024. Con la nueva extensión de plazo, mantendría su vigencia hasta el 31 de julio de 2024.
La propuesta fue presentada por Nuevas Ideas y considera que “a pesar de que las condiciones internacionales a esta fecha no son las mismas” cuando se aprobó la ley transitoria en 2022, en referencia a los problemas de suministro por el conflicto entre Ucrania y Rusia, “sus consecuencias siguen latentes”, ya que se mantienen el aumento de los precios del petróleo y sus derivados.
Añade que es necesario prorrogar el decreto “con la finalidad de continuar con la vigilancia del Estado, regulando y sancionando de forma especial los abusos en la distribución y comercialización de productos de petróleo, garantizando el cumplimiento de las medidas económicas establecidas para favorecer a la población”, indica el documento.
“Obviamente tenemos que estar pendientes del contexto internacional y de cómo se están comportando los precios a nivel internacional para que nosotros podamos tomar decisiones para seguir protegiendo a la familia salvadoreña”, dijo la diputada Elisa Rosales.
La ley establece obligaciones especiales para quienes se dedican a actividades como la distribución, venta y transporte de productos de petróleo, como facilitar y permitir las inspecciones de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, respetar el precio máximo de venta de Gas Licuado del Petróleo (GLP) envasado en cilindros portátiles de uso doméstico, envasar el contenido exacto en cada cilindro y cumplir con reglamentos técnicos.
Incumplir en permitir las inspecciones y en el precio máximo de venta implicarían sanciones económicas desde los $500 hasta los $10,000. Y por incumplir con las otras obligaciones podría ser sancionado con multa entre $10,001 hasta $100,000.