Los diputados de la comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa acordaron emitir este 25 de agosto de 2022 un dictamen favorable para reformar el Art. 8 de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos.
Esto con el fin de que los empleados del sector público tengan derecho a incapacidades médicas remuneradas otorgadas por el Seguro Social desde que son contratados en el sistema gubernamental, ya que la normativa vigente exige que el trabajador debe tener como mínimo seis meses de estar laborando para optar a ese beneficio.
En julio de 2022 la Asamblea también aprobó reformar el artículo 29 del Código de Trabajo, para incorporar a los empleados temporales y en periodo de prueba del sector privado al Seguro Social.
El análisis para reformar el artículo 8 de la ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, incluyó los aportes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Ministerio de Hacienda, quienes manifestaron la viabilidad de la iniciativa.
“Significa que tenemos oportunidad de generarle condiciones adecuadas a los empleados. El Estado está en capacidad de absorber este servicio de los trabajadores que no han cumplido los seis meses”, remarcó el presidente de la comisión de Trabajo, Edgardo Mulato, de la bancada oficialista.
La propuesta de redacción del artículo 8 que pasará a votación en el pleno de la siguiente semana es la siguiente: “Los empleados de la administración pública comprendidos en la presente ley, desde su contratación gozarán de licencia con goce de sueldo por incapacidad en casos de enfermedades, accidentes comunes, maternidad y riesgos profesionales, devengando la remuneración que les asigna su tipo de contrato y la normativa emitida para tales efectos por el Ministerio de Hacienda”.
Según una publicación del sitio web de la Asamblea se estima que la planilla de trabajadores de las instituciones de Gobierno, incluyendo las autónomas, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Procuraduría General de la República (PGR) y Fiscalía General de la República (FGR) es de 897,000 empleados.