Tres anuncios hizo anoche el presidente de la República, Nayib Bukele, en el marco del discurso de su cuarto año de gobierno. Presentó a la Asamblea la propuesta para reducir los municipios de 262 a 44 y los diputados de la Asamblea Legislativa de 84 a 60.
Además, dijo que así como han hecho con las pandillas, combatirán frontalmente a los “corruptos” y hasta construirán una cárcel solo para ellos, sin mencionar que varios de sus actuales funcionarios han sido señalados por actos de corrupción en la Lista Engel, entre ellos, su Comisionada Presidencial, Carolina Recinos, el Secretario Jurídico, Conan Castro, el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, el Director de Centros Penales, Osiris Luna, el exministro de Seguridad, Rogelio Rivas y el exministro de Agricultura, Pablo Anliker.
Tras revelar que perseguirán a quienes hayan cometido “delitos de cuello blanco vengan de donde vengan”, informó que el fiscal general, Rodolfo Delgado, se encontraba incautando varias propiedades del expresidente Alfredo Cristiani.
La moción de reducir los municipios y de bajar la cantidad de diputados ya se venía ventilando en el gobierno. El propio Bukele lo anunció hace más de un año y luego el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo que buscarían bajar a 60 los diputados de la Asamblea.
Bukele les ordenó a sus diputados que ambas iniciativas deberán estar aprobadas antes de las elecciones de 2024, pero no explicó las consecuencias que ambas medidas traerán para El Salvador en los comicios presidenciales del próximo año.
“Como siempre lo hemos hecho, esta Asamblea brindará los marcos legales necesarios para estas y todas las iniciativas que saquen a nuestro país del abandono al que lo tuvieron sometido por años”, escribió el titular de la Asamblea en Twitter.
Esto no hubiera sido posible, si también los diputados del oficialismo no hubieran derogado anteriormente el Art. 291-A del Código Electoral, también a petición del Ejecutivo, logrando quitar los candados que impedían hacer reformas electorales un año antes de las elecciones y pasando por encima de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que mandató a guardar ese tiempo para dar seguridad jurídica y transparencia a los eventos electorales.
Según Bukele los municipios pasarán a ser distritos y seguirán conservando sus nombres. Afirmó que las costumbres y tradiciones no se perderán. Además, que se reduzcan los municipios no implicará que los impuestos se anulen o bajen de cuantía. “Este decreto legislativo que estamos proponiendo tampoco despide a los empleados municipales, los que se van son los puestos de confianza. El nombre de los municipios no cambiará, continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus mismas fiestas y tradiciones”, dijo.
Los expertos electorales han analizado que la estrategia de reducir los municipios obedece a que el gobierno sabe que hay localidades en donde el partido oficialista no tendrá los votos suficientes para ganar la alcaldía; debido al abandono que han tenido en proyectos locales con la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), el cual fue centralizado en la Dirección de Obras Municipales (DOM), bajo la administración directa de Bukele. Todo esto aprobado por la Asamblea sin ningún tipo de cuestionamientos.
Mientras que la idea de bajar de 84 a 60 los diputados, es para dar ventaja electoral a los candidatos del partido Nuevas Ideas, esto sumado a que la Ley de Voto en el Exterior contabilizará solo los votos para diputados del departamento de San Salvador, según han opinado expertos como Ruth Eleonora López y Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
Los salvadoreños que residen en el extranjero no podrán elegir alcaldes ni tampoco diputados para otros departamentos del país.
A todos los anuncios que hizo Bukele los calificó como una forma de “reinventarse”. Aseveró que El Salvador lo está logrando y reiteró que no permitirán que ningún otro gobierno o la comunidad internacional le diga al Ejecutivo qué hacer.
PROMESAS INCUMPLIDAS
Sin embargo, en días anteriores diputados de oposición, analistas políticos y organizaciones de la sociedad civil, han reclamado las deudas incumplidas por el mandatario salvadoreño y las consecuencias del alto endeudamiento y de las violaciones a derechos humanos por el régimen de excepción, entre otros.
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Para el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, el presidente Bukele tiene a El Salvador en una crisis económica grave, sin empleo, a la agricultura sin ningún apoyo ni un plan de rescate, los servicios de energía y agua potable ahora son los más caros de la historia, y la educación totalmente en el olvido, pese a que éste último rubro fue una de sus principales apuestas.
Por si fuera poco, el diputado arenero dice que “este gobierno siente desprecio por los mayores de 60 años”, en alusión a que en el gobierno de Bukele eliminaron el beneficio de $50 mensuales que recibían los adultos mayores de las zonas de extrema pobreza del país y los masivos decretos de retiro voluntario para mandar a sus casas casi “obligados” a las personas mayores.
Entre las promesas incumplidas, Portillo Cuadra enumera las 5,200 escuelas que Bukele prometió construir, el Viaducto de Los Chorros, el Tren y el Aeropuerto del Pacífico.
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, señaló el deterioro a la democracia que los 4 años de gobierno de Bukele ha evidenciado.
“En estos cuatro años avanza sin mayor obstáculo el proyecto autoritario del presidente Bukele, mientras se deteriora la democracia y nuestras instituciones”, señaló.
Añadió que la convivencia pacífica se aleja cada vez más y se impone un Régimen permanente de confrontación.
“El diálogo político está al borde de la extinción, mientras el monólogo oficialista ha logrado tergiversar hasta la misma Constitución”, lamentó Wright.
La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, también hizo cuestionamientos. “El Ejecutivo probablemente no dirá: qué responsabilidad va a tomar el Estado ante las violaciones a derechos de gente inocente, cuál es el plan ante la crisis alimentaria que el país podría enfrentar”, criticó en entrevista con la Radio La Tribu.
Según la parlamentaria si bien entre la población hay una percepción de mayor tranquilidad por la reducción de homicidios, el gobierno no está trabajando en atacar las causas que han generado a las pandillas, por ejemplo, la marginación, la desigualdad, la falta de calidad de la educación, la falta de acceso a los servicios de salud, entre otros.
“Por esos daños, mal llamados ‘margen de error’, el Estado salvadoreño está realizando acciones que podrían llegar a considerarse crímenes contra la humanidad. El Ejecutivo hablará de que hay menos homicidios, pero ¿Va a explicar qué pasó con esa bebé que salió de (cárcel) Apanteos enferma y que un mes después falleció? ¿Qué responsabilidad va a asumir el Estado?”, se preguntó.