Con 66 votos de diputados de Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa se aprobó este miércoles la reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado para modificar algunas disposiciones relacionadas con la incorporación de elementos probatorios que deben someterse a valoración judicial.
Votaron en contra diputados de Nuestro Tiempo, Vamos y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El dictamen favorable de la Comisión de Seguridad Pública y combate a la narcoactividad que fue aprobado ayer en la tarde se abordó en la sesión plenaria 116 de este 26 de julio de 2023.
Dentro la reforma se incrementa en dos terceras partes la pena máxima para los líderes de estructuras de pandillas, que podría ser una pena de prisión de hasta 60 años.
Previo a la aprobación del dictamen la comisión recibió ayer al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; al fiscal general, Rodolfo Delgado, y a la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sandra Luz Chicas, quienes dieron sus valoraciones en el caso de esa iniciativa de ley.
En el caso del fiscal, pidió a los diputados que no sea considerada la reforma al artículo 6-A, que incluía que la denuncia “o cualquier información relevante y pertinente” vinculada a los delitos a los que se refiere la ley obtenida por las autoridades constituya prueba documental, así como modificaba que el acta de entrevista policial fuera valorada como prueba.
“Se sugiere que se mantenga la redacción de la norma vigente, ya que existen regulaciones que establecen el principio de libertad probatoria en la normativa general vigente, el Código Procesal Penal”,
Rodolfo Delgado, fiscal general
Otro aspecto de la reforma es que en cualquier fase del proceso el fiscal pueda solicitar al juez que reciba una declaración anticipada de testigos, víctimas o peritos y que el juez estaría obligado a ordenar la práctica de la diligencia “con la sola vista de la solicitud”.
“A mí, honestamente sí me preocupa esta parte, yo solo se los dejo para que lo piensen con la almohada, porque dice que quien ‘con solo la vista deberá ordenar la práctica’, ¿qué pasa si falta un requisito, qué pasa si no ha motivado? Pareciera ser que el juez como que solo va a ser pasa papeles y no va a poder valorar”, dijo la magistrada.
Pese a dicha observación se mantuvo dentro del proyecto de decreto que fue aprobado en la sesión plenaria esta disposición.
También se aprobó este miércoles el decreto que dará un plazo de dos años a la FGR para agrupar a detenidos en el régimen de excepción. Ambos dictámenes se aprobaron el pasado lunes sin lectura pública de su contenido.