Han pasado 14 meses desde que se registró la captura de seis ambientalistas de la comunidad Santa Marta en Cabañas, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) presente pruebas para sostener el caso, denunció la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES).
La asociación comunal espera que en vista de que no hay evidencias valederas, las autoridades judiciales liberen de cargos o “sobresean” a los detenidos.
Los procesados, que se han distinguido por denunciar proyectos mineros nocivos en la zona, fueron capturados bajo cargos de perpetrar un asesinato durante la guerra de los años 80.
“La Fiscalía no ha aportado ningún elemento nuevo que pruebe el delito, mucho menos la participación de nuestros compañeros (en el crimen)”, señaló Alfredo Leiva, director ejecutivo de ADES.
“La única forma de prueba que tienen es un testigo protegido que tiene una declaración contradictoria. Eso lleva a pensar que más allá de hacer justicia a una familia se busca hacer una persecución política”, subrayó el dirigente campesino.
El testigo en la primera declaración afirmó que él había visto, pero en el juicio dijo que le habían contado, explicó el representante comunal que señaló que a todas luces la Fiscalía tiene órdenes de mantener vivo ese proceso a toda costa.
Recientemente la Fiscalía había presentado una nueva acusación; sin embargo, Leiva declaró que la documentación es una reformulación de los mismos elementos que presentaron en el requerimiento (acusación inicial) fiscal.
En junio de 2023 hubo diligencias para una exhumación, pero ante la fiscalía no llegaron los resultados de este proceso. “Como no les sirve ni siquiera la FGR lo está mencionando”, agregó Leiva.
Por esta situación la asociación espera que la jueza se apegue a derecho y declare sobreseimiento (exoneración) definitivo, al no tener más pruebas que justifiquen la acción penal. No descartan que el proceso continúe alargándose, pues “lo que se quiere es separar a los compañeros de la lucha de los proyectos mineros”.
Relación del caso con la minería
Leiva explicó que las acciones tomadas desde el Gobierno van desde haberse integrado a un foro de países que promueven la minería, luego se reasignación de fondos para la revisión de la Ley que prohíbe la minería en el territorio, así como la llegada de consultores haciendo gestiones de monitoreo con la población y el alquiler de terrenos donde estuvo Pacific Rim, “todo eso nos lleva a concluir que los proyectos mineros se pueden restablecer”.
La reactivación de los proyectos mineros en la zona norte del país pueden traer consecuencias graves como la contaminación del agua a nivel nacional y los efectos en la población podrían verse en 10 años.
VER: Ambientalistas cumplen 14 meses capturados arbitrariamente, denuncia asociación