María (nombre ficticio), una niña de 11 años residente de Chalatenango, fue violada bajo amenaza de muerte y en reiteradas ocasiones por Rubén Antonio Morazán, entre abril y septiembre de 2021. El agresor controlaba y aprovechaba las salidas de la madre de María para llegar a la casa y abusar sexualmente de la niña.
Un día, ante la angustia y la desesperación, la menor se atrevió a contarle a una amiga que estaba siendo víctima de amenazas y violación por parte del sujeto, por lo que ella la convenció que debía contarle todo lo sucedido a su madre.
Después que María confiara en su madre, ambas pusieron la denuncia ante las autoridades correspondientes. Morazán fue capturado por la Policía y un año después fue condenado a 26 años de cárcel por el delito de violación agravada en menor o incapaz en la modalidad continuada.
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Un caso entre miles
María es solo una de las 3,121 niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual en 2021, los cuales suponen un aumento del 32.5% en con relación al año anterior (2020) en el que hubo 2,355 casos, según revelan los datos del “Balance de la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador 2021”, presentado la semana pasada por la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
El mayor número de delitos contra la libertad sexual en niñas y adolescentes mujeres se dio en el rango de edad de 13 a 17 años en el que se registraron 2, 381 casos.
En cuanto a la modalidad, el estupro es el delito que presenta el mayor número de denuncias, con un total de 1,156 víctimas femeninas. Es decir, un 32.2% más de denuncias con respecto a las 874 en 2020.
El estupro consiste en tener relaciones sexuales con una menor de edad, está tipificado como delito en el artículo 163 del Código Penal y es castigado con penas de prisión de cuatro a diez años.
En segundo lugar está el delito de violación en menor incapaz, el cual registró 935 víctimas, un aumento considerable (40%) comparado a los 666 casos de 2020.
El informe señala que los niños y adolescentes hombres también fueron víctimas de delitos sexuales, pero en menor medida: en 2021 se registraron 230 casos, que de igual forma representaron un aumento con relación al año anterior, cuando se reportaron 223 víctimas.
Esto suma un total de 3,351 casos de violencia sexual sufridos por la niñez y la adolescencia en ambos sexos en 2021, el cual aumentó en un 29.9% comparado con los 2,578 reportados en 2020.
Patricia Portillo, del Observatorio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), explicó que los principales agresores son familiares y personas conocidas.
En 2020, año más álgido de la pandemia, Portillo indicó que se siguió abusando de la niñez y la adolescencia, pero las instituciones donde se podía poner la denuncia estaban enfocadas en otras labores y otras estaban cerradas.
Por esa razón, Portillo considera que el aumento de 2021 puede responder a que cuando ya las víctimas salieron del confinamiento pudieron realizar las denuncias ante las instancias correspondientes.
Según los datos a los que ha tenido acceso esa organización, las tendencia de denuncias de violencia sexual en contra de la niñez y adolescencia de enero a marzo de 2022 ha sido de 6 a 7 casos diarios.
Ineficiencia judicial
Pese a las decenas de denuncias, según el mismo informe solamente hubo 367 condenas judiciales relacionadas a delitos sexuales contra la niñez y adolescencia de un total de 1,912 que fueron procesadas.
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Por el delito de estupro solo hubo 10 condenas mientras que 679 casos fueron archivados por la Fiscalía General de la República; 26 fueron sobreseídos (suspender el proceso por falta de pruebas) y cuatro fueron absueltos. En el caso del delito de violación en menor o incapaz hubo solo 110 condenas, 308 fueron archivadas, 60 fueron sobreseídos 28 fueron absueltos.
Para Henri Fino, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), estos datos oficiales demuestran que la administración de justicia no está siendo eficiente. Agregó que en este segmento poblacional es indispensable una reparación, que consiste en generar la fortaleza emocional para empezar de nuevo.
“Los procesos (judiciales) no han dado los resultados finales en este momento, la protección que inicia con la investigación que hace la Fiscalía, llega a la detención y la individualización, pasa a la administración de justicia. Ese camino no está siendo el más eficiente”, aseguró el director de Fespad.