A dos días del plazo, TPS salvadoreño aporta $5,400 millones a Estados Unidos, ¿qué está en juego?

A menos de 48 horas del plazo previsto para el TPS de El Salvador, el debate sobre el futuro de esta protección migratoria vuelve a colocar en primer plano una cifra clave: los salvadoreños amparados por el programa aportan un estimado de $5,400 millones cada año a la economía de Estados Unidos.

El dato forma parte de una hoja informativa de FWD.us y la National TPS Alliance, que también estima que estos beneficiarios pagan $1,500 millones anuales en impuestos federales, estatales y locales combinados.

La discusión ocurre mientras el TPS para El Salvador se acerca al 9 de septiembre de 2026, una fecha que mantiene en alerta a miles de familias salvadoreñas en Estados Unidos. En paralelo, congresistas y organizaciones han planteado nuevas propuestas para ampliar la protección, entre ellas una iniciativa del congresista Eugene Vindman que busca extender el TPS por 18 meses para 180,000 salvadoreños.

La pregunta de fondo ya no es solo qué pasará con los beneficiarios si termina la protección. También es qué sectores, ciudades y familias en Estados Unidos podrían sentir el impacto.

Salvadoreños con TPS en la fuerza laboral

Según FWD.us y la National TPS Alliance, 170,000 beneficiarios del TPS de El Salvador viven en Estados Unidos, con mayor concentración en California, Texas, Maryland, Nueva York y Virginia.

De ese total, 152,000 ya forman parte de la fuerza laboral estadounidense. La fuente advierte que obligarlos a dejar sus empleos podría aumentar costos para los estadounidenses en alimentos, bienes, salud y servicios críticos.

Estos datos ayudan a dimensionar el alcance del programa más allá del estatus migratorio. En la práctica, los beneficiarios salvadoreños del TPS no solo han construido una vida en Estados Unidos durante más de dos décadas, sino que también ocupan puestos en áreas que sostienen servicios cotidianos.

Dónde se concentra el impacto económico

El aporte también se refleja en economías metropolitanas. De acuerdo con la hoja informativa, los salvadoreños con TPS aportan $965 millones anuales a la economía de Washington, D.C.; $668 millones a Nueva York; $590 millones a Houston; $555 millones a Los Ángeles; y $239 millones a Dallas-Fort Worth.

Por estados, California concentra 36,000 beneficiarios salvadoreños con TPS; Texas, 28,000; Maryland, 23,000; Nueva York, 17,000; y Virginia, 11,000.

La presencia laboral también es significativa. En California, 31,000 salvadoreños con TPS forman parte de la fuerza laboral y aportan $1,100 millones anuales. En Texas, 23,000 trabajadores contribuyen $932 millones. En Maryland, 20,000 trabajadores aportan $732 millones.

Nueva York registra 15,000 trabajadores salvadoreños con TPS y una contribución anual de $534 millones, mientras Virginia suma 10,000 trabajadores y $371 millones en aportes económicos anuales.

Los sectores con mayor presencia de salvadoreños bajo TPS son construcción, con 36,000 trabajadores; mantenimiento de edificios y terrenos, con 32,000; transporte, con 23,000; manufactura, con 18,000; y servicios de alimentos, con 12,000.

Familias y niños ciudadanos

El impacto del TPS no se limita al empleo. La fuente también señala que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones de sus padres salvadoreños con TPS a la fuerza laboral de Estados Unidos.

Este dato conecta el debate migratorio con una realidad familiar: muchas personas protegidas por el TPS llegaron hace más de dos décadas, han trabajado de forma sostenida, han formado hogares y tienen hijos nacidos en Estados Unidos.

Por eso, organizaciones y congresistas han insistido en que una eventual terminación no solo afectaría a los beneficiarios directos, sino también a empleadores, comunidades y familias estadounidenses.

En los últimos días, el tema ha tomado fuerza en el Congreso. La propuesta presentada por Eugene Vindman plantea 18 meses adicionales de protección y permisos de trabajo para salvadoreños con TPS. También se han sumado voces como la del congresista Suhas Subramanyam, quien ha abogado por una extensión y por discutir una eventual vía hacia la residencia permanente.

Qué está en juego

A menos de 48 horas del plazo, el escenario sigue generando incertidumbre para los beneficiarios. El 9 de septiembre no significa necesariamente una deportación automática para todos, pero sí puede marcar un cambio importante si no existe una nueva extensión o una instrucción oficial que mantenga la protección.

Para quienes dependen del TPS, el riesgo inmediato está en la autorización de empleo, la estabilidad familiar y la posibilidad de quedar sin protección migratoria si no cuentan con otro estatus o alternativa legal.

Para Estados Unidos, el impacto se mide en trabajadores, impuestos, consumo, empresas y servicios. Los datos de FWD.us y la National TPS Alliance resumen ese peso económico en $5,400 millones anuales y una fuerza laboral de 152,000 personas.

Mientras se acerca la fecha clave, las familias salvadoreñas con TPS siguen pendientes de cualquier decisión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). También se mantiene la presión política para ampliar el programa y evitar una ruptura abrupta en hogares, lugares de trabajo y economías locales.

Por ahora, la cuenta regresiva combina dos dimensiones: la urgencia migratoria de miles de salvadoreños y el peso económico de una comunidad que, según las cifras disponibles, ya forma parte de sectores esenciales de Estados Unidos.