Defensores de los inmigrantes y congresistas estadounidenses condenaron la aprobación de una legislación estatal de Texas que convierte en delito el cruce irregular de la frontera desde México y asigna recursos de los contribuyentes para la construcción del muro fronterizo.
Tras más de 10 horas de debate, la Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó el martes por la noche el proyecto de ley SB 4, que convierte en delito menor el cruce indocumentado de la frontera y exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano en lugar de que sean procesados en Estados Unidos.
Si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales el cargo se convierte en delito grave, que conlleva una condena máxima de 20 años de prisión.
Los legisladores también aprobaron el proyecto de ley SB 3, que asignaría 1.540 millones de dólares para construir barreras fronterizas y otorgaría fondos a las fuerzas policiales para cuidar la frontera y los asentamientos de inmigrantes.
Oni K. Blair, directora de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas, dijo en un comunicado que la SB 4 “está completamente desconectada de nuestros valores y de quiénes aspiramos a ser como texanos”.
Advirtió que la SB 4 anula la ley federal de inmigración, fomenta la discriminación y el acoso racial y otorga a los funcionarios estatales la capacidad inconstitucional de deportar a personas sin el debido proceso, independientemente de si son elegibles para solicitar asilo u otras protecciones humanitarias.
El rechazo a las leyes llegó hasta el Congreso estadounidense, donde el representante demócrata Joaquín Castro dijo hoy en una rueda de prensa que las leyes ponen en la mira de la policía a cualquier persona que hable español u otro idioma.
El congresista también advirtió que las leyes “dañarán” las relaciones con México, el socio económico más importante de Estados Unidos.
Por su parte, el también representante federal demócrata Greg Casar instó al Ejecutivo estadounidense a intervenir para detener la implementación de estas leyes, que se toman atribuciones federales.
“Nosotros trabajaremos con la Administración del presidente Joe Biden para bloquear estas leyes”, prometió Casar.
A su vez, la organización Voto Latino dijo que la SB 4 es la muestra “del supremacismo blanco en acción” y que fomentará la discriminación racial en Texas.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés) advirtió que tomará acciones legales contra el estado de Texas “para detener el efecto de estas leyes ilegales e inconstitucionales”.
Domingo García, presidente de LULAC, instó al Departamento de Justicia de EE.UU. “a intervenir y buscar una orden judicial para detener la implementación de estas medidas ilegales”.
La SB 4 se dirige al escritorio del gobernador republicano Greg Abbott, quien ha criticado la estrategia de la Casa Blanca para controlar la inmigración indocumentada asegurando que el presidente Joe Biden tiene una política de fronteras abiertas.
La SB 3 debe regresar al Senado de Texas para que aprueben las enmiendas introducidas en la Cámara.
“Es vergonzoso que el gobernador y sus aliados estén desperdiciando el dinero de los contribuyentes en esta crueldad ilegal en lugar de abordar nuestras necesidades reales”, sostuvo Blair.
“Si se convierten en ley, estos proyectos perjudicarán directamente a las personas que buscan asilo, a las comunidades minoritarias y a los principios fundamentales de nuestra democracia”, puntualizó.