El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó esta semana a periodistas venezolanos de integrar una "estructura extorsiva" financiada por el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, arrestado por corrupción; señalamientos rechazados categóricamente por el gremio de la prensa.
El Aissami -detenido el pasado 9 de abril por desvío de fondos en la estatal petrolera PDVSA- "tenía a su servicio una estructura mediática extorsiva" para "atacar a las autoridades del Estado", dijo Saab.
En una alocución televisada, mencionó a dos periodistas del portal de periodismo de investigación ArmandoInfo, que ha hecho múltiples denuncias de irregularidades en empresas y proyectos estatales, así como a otros cinco comunicadores y youtubers.
Buscan "Callar el trabajo" de la prensa
La investigadora y periodista Maibort Petit es una de las afectadas. Ella se pronunció a través de la red social X rechazando los señalamientos del fiscal chavista.
Afirma que se trata más bien de una "maniobra de desinformación" que busca atacar la reputación del gremio y "callar el trabajo que con pruebas realizamos a diario los periodistas de investigación para describir la naturaleza criminal del sistema encabezado por Nicolás Maduro".
"La desinformación es un arma de guerra y el régimen la está aplicando", manifestó la periodista. Y añadió: "A los periodistas no nos van a callar, todo lo contrario, esto es un impulso para seguir haciendo nuestro trabajo como es. Tampoco nos desviaran del foco: Venezuela está en manos del crimen organizado transnacional".
Petit afirmó que la persecución del fiscal Tarek William Saab en su contra no es nueva, y que desde el año 2016 es víctima de ataques por informar casos de corrupción y narcotráfico, una tarea "que el régimen de Maduro se empeña en silenciar".
La periodista venezolana también informó que a raíz de las falsas acusaciones del régimen, y el incremento de amenazas en contra de su integridad física, ha decidido emprender acciones legales contra Samark López, Tarek William Saab y Tareck El Aissami.
El fiscal al servicio del régimen de Maduro denunció "campañas de guerra sucia" contra políticos o empresarios contrarios a "los intereses" del exministro, exigiéndoles pagos de 30,000 a 100,000 dólares para "suavizar" o "retirar" publicaciones, y aseveró que también eran usadas para ello "cuentas fantasma" en redes sociales.
Divulgó un video del empresario Samark López, mano derecha de El Aissami y también detenido, en el que asegura que comunicadores recibían pagos del entorno de El Aissami.
Gremio rechaza señalamientos
"Rechazamos afirmaciones del Ministerio Público (…). Informar se convierte en un delito perseguido por una justicia politizada y amañada", reaccionó en la red social X el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
"Nada más absurdo e inverosímil. Hemos escrito decenas de reportajes justamente sobre López, El Aissami y las irregularidades en PDVSA (…). Denuncio esta maniobra difamatoria como torpe y malintencionada", publicó en la misma plataforma Edwald Scharfenberg, editor de ArmandoInfo mencionado por Saab.
"Es una criminalización del trabajo que hemos hecho durante años", escribió por su parte en X uno de sus periodistas, Roberto Deniz, igualmente acusado.
El Aissami, quien fue cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez (1999-2013), fue arrestado por el desvío de ingresos por la venta de crudo a través de criptoactivos, fallido mecanismo ideado para eludir sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. El desfalco es estimado en casi 17,000 millones de dólares.
Hay más de 60 detenidos a raíz de este caso.
Scharfenberg, Deniz y otros dos periodistas de ArmandoInfo salieron al exilio en 2018 tras ser demandados por el empresario colombiano Alex Saab, contratista del gobierno, luego de denunciar corrupción en un programa estatal de distribución de alimentos, lo que organizaciones gremiales de prensa consideraron un "acto de hostigamiento".
El fiscal acusó también a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de financiar reportes contra el gobierno de Maduro, quien el próximo 28 de julio busca la reelección, lo que lo proyectaría a 18 años en el poder.