EE. UU. autoriza a Venezuela pagar la defensa legal de Nicolás Maduro en Nueva York

Un juez federal de Estados Unidos autorizó que el gobierno de Venezuela financie la defensa legal del exmandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Nueva York, tras la emisión de licencias modificadas por el Departamento del Tesoro que permiten estos pagos bajo condiciones específicas, decisión comunicada el 24 de abril mediante un documento presentado por el fiscal de Manhattan, Jay Clayton.

La resolución permite que los abogados de la defensa reciban honorarios provenientes del Estado venezolano, pese a las sanciones vigentes, siempre que se cumplan restricciones establecidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Entre estas condiciones, se indica que los fondos deben estar disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no proceder de ventas de petróleo reguladas en Estados Unidos.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 en Caracas durante una operación estadounidense y trasladados a territorio norteamericano, donde permanecen detenidos mientras enfrentan cargos por narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y delitos relacionados con armas en el Distrito Sur de Nueva York.

Desde su detención, ambos se han declarado no culpables y continúan recluidos en instalaciones federales, en medio del avance del proceso judicial.

Licencias modificadas y condiciones del Tesoro

La autorización surge luego de que la defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, argumentara que las sanciones impedían cubrir los honorarios legales, lo que afectaba el derecho a una defensa adecuada. Según la defensa, ni Maduro ni Flores contaban con recursos personales suficientes para afrontar los costos del proceso.

En febrero, los abogados solicitaron la desestimación del caso, alegando que las restricciones financieras vulneraban derechos constitucionales. Sin embargo, tras la modificación de las licencias por parte del Tesoro, el equipo legal retiró esa petición.

El documento presentado por la fiscalía establece que los pagos estarán sujetos a supervisión y deberán cumplir con los parámetros fijados para evitar violaciones a las sanciones internacionales impuestas a Venezuela.

El cambio en la licencia responde a un ajuste administrativo, luego de que previamente se otorgara y revocara una autorización similar, situación que la defensa cuestionó en el tribunal.

Postura del juez y desarrollo del caso

Durante una audiencia celebrada el 26 de marzo, el juez Alvin Hellerstein expresó dudas sobre la postura inicial del gobierno estadounidense respecto a las restricciones financieras. El magistrado señaló que los acusados ya no representan una amenaza, al encontrarse bajo custodia en Estados Unidos.

Hellerstein destacó la importancia de garantizar el derecho a una defensa sólida, aunque dejó claro que no contemplaba desestimar el caso, instando a los fiscales a revisar las limitaciones impuestas al financiamiento.

Con la nueva autorización, el proceso judicial continuará sin este impedimento, mientras se mantienen las condiciones establecidas para el uso de fondos venezolanos.

El caso sigue abierto en la corte federal de Manhattan y se prevé que avance en los próximos meses, sin que hasta el momento la defensa o la fiscalía hayan emitido nuevas declaraciones tras la decisión.