Fiscalía ordena captura de ex director ejecutivo de la Presidencia

La Fiscalía General de la República informó sobre la captura de Manuel Arturo Ayala Orellana acusado por el delito de peculado y lavado de dinero. 

Ayala Orellana fue director ejecutivo de la Presidencia durante diez años durante los gobiernos de los ex presidentes Mauricio Funes y  Salvaodor Sánchez Cerén. 

La captura del ex director ejecutivo es una de las 15 ordenadas por la Fiscalía contra exempleados de la Presidencia de la República y del Estado Mayor Presidencial por delitos relacionados a la corrupción.

Ayala Orellana enfrentaba dos órdenes de captura, una por el caso denominado Saqueo Público y una por delitos relacionados a la corrupción durante la administración del expresidente Sánchez Cerén, publicó la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter. 

Según las investigaciones de la Fiscalía, entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019 los empleados de Capres supuestamente desviaron fondos de la partida presupuestaria denominada como “gastos reservados” por un monto de 183.8 millones de dólares.

La Fiscalía afirma que los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público, a seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.

Además, supuestamente los acusados desviaron fondos provenientes de donaciones de China Taiwán por un monto  $3.9 millones a cuentas de las que luego se emitieron cheques para el pago a proveedores.

Entre los capturados también está Daysi Armida Díaz, quien laboraba como tesorera institucional de la Presidencia, en el período de noviembre de 2016 a mayo de 2019.

Díaz es acusada de firmar 193 cheques provenientes del Estado y destinados a seis cuentas aperturadas sin cumplir los requisitos establecidos por la Ley.

Además, fue capturado Jorge Antonio Revelo, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien es acusado de gestionar pagos salariales complementarios para los integrantes del Estado Mayor sin cumplir los requisitos de ley.

Otro de los detenidos es Alexander Benítez Peña, propietario de dos empresas, a quien supuestamente se le destinaron fondos en concepto de proveedor de servicios de la Presidencia, sin estar inscrito como tal.