Amnistía Internacional advierte sobre el aumento del gasto público en El Salvador
Un informe de Amnistía Internacional revela que el pago de la deuda pública se ha triplicado en términos reales durante la última década, mientras persisten problemas en salud, educación y pobreza.
El Salvador destina una parte cada vez mayor de su presupuesto al pago de la deuda pública, una situación que limita los recursos disponibles para atender necesidades esenciales de la población, como salud, educación y protección social, según un nuevo informe presentado por Amnistía Internacional.
La investigación, titulada “Cuando el presupuesto no garantiza derechos”, analiza el comportamiento de las finanzas públicas salvadoreñas entre 2015 y 2025 y advierte que el incremento del gasto gubernamental y del endeudamiento no ha generado mejoras proporcionales en los servicios públicos.
Uno de los datos más relevantes del documento es que, durante 2025, dos de cada diez dólares del presupuesto nacional fueron destinados al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública.
Esta cantidad superó los recursos programados para salud y también fue mayor que el presupuesto combinado de educación, protección social y pensiones, de acuerdo con los hallazgos de la organización.
"Los hallazgos muestran una contradicción alarmante: el Estado salvadoreño gasta más y se endeuda más, pero esta disponibilidad de recursos no se refleja en mejoras equivalentes para la población", afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El pago de la deuda se triplicó en una década
El informe señala que el servicio de la deuda pública se triplicó en términos reales durante los últimos diez años, mientras la economía salvadoreña registró un crecimiento promedio anual de apenas 2.5 %.
Para Amnistía Internacional, esta diferencia representa una señal de alerta porque el país debe dedicar una proporción creciente de sus recursos a cumplir obligaciones financieras, reduciendo el margen para invertir en programas sociales.
La organización advierte que esta tendencia podría provocar futuros ajustes presupuestarios que afecten especialmente a las familias en situación de pobreza y a los sectores que enfrentan mayores desigualdades.
Además del endeudamiento, la investigación cuestiona la falta de información pública suficiente para conocer con precisión cómo se utilizan determinados fondos estatales.
Entre las principales dificultades identificadas están las limitaciones para dar seguimiento a partidas presupuestarias, la escasa información disponible sobre contrataciones y adquisiciones y la concentración de decisiones relacionadas con la inversión pública.

Cuestionan manejo de fondos para obras municipales
Otro de los puntos señalados por Amnistía Internacional es el cambio en el mecanismo de financiamiento de las obras municipales.
El informe examina la sustitución del antiguo sistema de transferencias a las alcaldías por un modelo en el que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), dependiente del Ejecutivo, concentra decisiones sobre proyectos de infraestructura.
Según la organización, este esquema presenta deficiencias relacionadas con la publicación de criterios para seleccionar las obras y la participación ciudadana en la definición de prioridades.
"La transparencia no es un requisito administrativo secundario; es una condición indispensable para que la población pueda saber cómo se usan los recursos públicos y exigir rendición de cuentas", señaló Piquer.
La investigación también identifica retrasos en proyectos, recursos presupuestados que no llegaron a ejecutarse y dificultades para determinar el impacto económico y social de diferentes inversiones públicas.
Menos del 10 % de la meta de Mi Nueva Escuela hasta 2024
En materia educativa, Amnistía Internacional destaca los resultados del programa Mi Nueva Escuela, una de las iniciativas gubernamentales orientadas a mejorar la infraestructura educativa.
De acuerdo con el informe, el programa contemplaba intervenir 5,150 centros escolares en todo el país. Sin embargo, hasta 2024 se habían reportado intervenciones en menos del 10 % de esa meta.
La organización considera que esta diferencia evidencia los desafíos para convertir los compromisos presupuestarios en resultados concretos para la población estudiantil.
En el área de salud, el documento también identifica problemas pese a los incrementos registrados en el presupuesto. Entre los hallazgos destaca una reducción en la cantidad de médicos por habitante y un aumento del gasto que las familias deben cubrir directamente para atender sus necesidades médicas.
Esto significa que, según el análisis, disponer de mayores asignaciones presupuestarias no necesariamente ha representado una mejora equivalente en el acceso a los servicios de salud.

Pobreza extrema continúa por encima de niveles prepandemia
El informe también aborda las condiciones económicas de los hogares salvadoreños. Amnistía Internacional señala que la pobreza extrema continúa por encima de los niveles registrados antes de la pandemia de COVID-19, mientras algunos programas destinados específicamente a combatirla han sufrido reducciones presupuestarias.
Para la organización, estos resultados plantean interrogantes sobre las prioridades del gasto estatal y su capacidad para responder a las necesidades de los sectores más vulnerables.
"Los derechos humanos no pueden depender de la propaganda ni de la visibilidad de ciertas obras", expresó Piquer al cuestionar la diferencia entre los anuncios gubernamentales y los resultados sociales documentados.
Piden mayor transparencia y cambios en las prioridades fiscales
Ante los hallazgos, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades salvadoreñas fortalecer los mecanismos de transparencia, facilitar el seguimiento del dinero público y establecer criterios verificables para decidir cuáles proyectos deben recibir financiamiento.
También recomendó desarrollar una estrategia fiscal que permita cumplir las obligaciones financieras del Estado sin comprometer la garantía de derechos económicos, sociales y culturales.
La organización dirigió además un llamado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otras instituciones financieras internacionales para que evalúen las consecuencias de sus programas y recomendaciones económicas sobre los derechos humanos.
El informe concluye que el aumento del presupuesto y la ejecución de obras públicas no son suficientes para medir el éxito de las políticas gubernamentales, si estos recursos no producen mejoras sostenibles en educación, salud, protección social y condiciones de vida de la población salvadoreña.
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