Ampliación del muro fronterizo pone en riesgo viviendas en Texas

El gobierno de Donald Trump avanza con expropiaciones en la frontera sur de Estados Unidos para ampliar el muro con México, una medida que ya impacta a decenas de propietarios en Texas, especialmente en ciudades como Laredo y comunidades cercanas al río Grande. Cartas oficiales enviadas en febrero notifican a residentes que sus terrenos están dentro de áreas previstas para proyectos fronterizos, y les plantean opciones que incluyen compensaciones económicas o la posibilidad de perder su propiedad.

A la profesora Nayda Álvarez le dieron cinco días para decidir si permite que el muro atraviese su jardín en La Rosita, una pequeña comunidad de unos 300 habitantes ubicada a 140 kilómetros al sureste de Laredo. Si no acepta, asegura, el gobierno podría expropiarle su vivienda situada en la ribera del río Grande.

La medida se enmarca en la política migratoria impulsada por Trump, quien ofrecerá su Discurso sobre el Estado de la Unión en un contexto marcado por iniciativas para reforzar la seguridad en la frontera. El plan oficial contempla la construcción de más infraestructura a lo largo de los más de 3.000 kilómetros que separan a Estados Unidos de México. Según las autoridades, un tercio de esa extensión ya contaba con muros antes del segundo mandato del presidente republicano.

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Opciones para los propietarios

En Laredo, ciudad de más de 250.000 habitantes y de mayoría hispana, la vida se ha desarrollado históricamente junto al río Grande, frontera natural entre ambos países. En esa franja hay casas, parques, senderos recreativos, zonas de pesca e incluso un cementerio familiar, todo sin muros que interrumpan el paisaje.

Sin embargo, al menos 60 propietarios recibieron una carta del gobierno federal titulada: "Aviso de interés: Propiedad cerca de la construcción de proyectos fronterizos".

Antonio Rosales Jr., estadounidense de 75 años, vive en una casa de madera dentro del área señalada. "Recibimos una carta del gobierno que dice que van a derrumbar parte de mi casa y que tengo cinco días para firmar los papeles", lamenta.

El documento que recibió Álvarez, fechado el 13 de febrero, detalla tres caminos posibles. "Te dan mil dólares para permitir el acceso a tu propiedad y que hagan lo que tienen que hacer, te permiten negociar un contrato de compra o servidumbre con el gobierno o, si no aceptas, te expropian", explica. Ella todavía evalúa qué decisión tomar.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señaló a la AFP que, "Para lograr el control operativo de la frontera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debe, de conformidad con la ley, construir la infraestructura física necesaria". Añadió que están en proceso de contactar a los propietarios como parte del procedimiento de adquisición de terrenos para el acceso o la construcción del muro.

Desde el gobierno, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó a inicios de febrero: "En el primer año del presidente Trump en el cargo, logramos la frontera más segura en la historia de Estados Unidos". También sostuvo que enero fue el noveno mes consecutivo sin liberación de "inmigrantes ilegales" en territorio estadounidense.

Impacto ambiental y comunitario

Más allá del debate político, en las comunidades fronterizas la discusión se vive de forma directa. Édgar Villaseñor, activista del Centro de Estudios Internacionales del Río Grande, sostiene que "el problema en Laredo y en todo el sur de Texas y en todas las propiedades ribereñas es que están llevando a cabo una apropiación masiva de tierras".

La organización acompaña a residentes para que conozcan sus derechos antes de firmar documentos. Según Villaseñor, algunos han aceptado por presión, temor o desconocimiento, pero la mayoría se opone.

En Eagle Pass, a unos 180 kilómetros al noroeste de Laredo, el principal parque de la ciudad fue militarizado en enero de 2024. Se instalaron boyas en el río y se bloqueó el acceso con cercas y alambres de púas. Jessie Fuentes, de 65 años, ofrecía paseos en kayak en la zona. Con las restricciones, su actividad quedó afectada.

La prioridad del gobierno "es solo la seguridad. No les preocupa el flujo del agua, si no dejan que los animales vengan al río a buscar agua o que la flora y la fauna prosperen. Todo está muerto detrás de mí", dice mientras señala una cerca que impide el paso hacia el cauce.

En la localidad de Quemado, también en Texas, la administración levantó muros durante 2025. Al pie de esas estructuras se observan tumbas de migrantes cuyos cuerpos fueron hallados en los últimos años, en su mayoría sin identificar.

Villaseñor cuestiona la narrativa que justifica la expansión del muro. "La necesidad del muro es muy falsa. Quienes lo dicen son personas en Washington D.C. Quienes viven a lo largo del río no le temen a nada", afirma.

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Mientras el debate continúa, para muchos residentes la preocupación es inmediata y personal. En Laredo, Rosales Jr. resume ese sentimiento con resignación: "Va a ser raro para nosotros irnos después de tantos años, pero el gobierno es el gobierno y puede pasar por encima".

El avance del muro en Texas refleja cómo una política nacional puede transformar comunidades locales, modificar paisajes históricos y abrir discusiones sobre propiedad, seguridad y medio ambiente. Para quienes viven a la orilla del río Grande, el tema no es abstracto: se trata de su casa, su trabajo y su forma de vida.