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Asamblea aprobó eliminar requisito de parqueos de proyectos de construcción
Asamblea también avaló que sea el Ministerio de Vivienda el facultado para otorgar permisos de infraestructura de telecomunicaciones.
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, las “Disposiciones especiales para la eliminación del requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos” que omite como requisito en proyectos de construcción la asignación de parqueos.
El decreto establece que las medidas responden a garantizar facilitaciones para los proyectos de construcción.
Las entidades sujetas a las disposiciones, según la norma, serían las instituciones de gobierno, las autónomas, municipalidades y oficinas de planificación gestión del territorio, vinculadas al proceso de planificación territorial, así como a la revisión, aprobación y autorización de proyectos de construcción. También, la disposición estará sujeta a proyectos habitacionales.
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Dichas instituciones no podrán exigir como requisito para la obtención de factibilidades, calificaciones, permisos, licencias para funcionamiento, autorizaciones o cualquier otra de similar naturaleza, la obligación de proyectar y construir plazas o espacios destinados para estacionamientos.
La excepción serían los espacios que permitan la facilitación a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y vehículos de emergencia, conforme a los principios de inclusión, accesibilidad universal y equidad.
“Ninguna persona natural o jurídica podrá ser objeto de sanciones, ni de ningún acto administrativo que limite la operatividad de proyectos o actividades de cualquier naturaleza. Cuando el titular del proyecto, de forma voluntaria, incorpore espacios para estacionamientos, estos deberán cumplir con las disposiciones técnicas contenidas en los instrumentos legales aplicables”, indican las disposiciones.
La nueva disposición sería de carácter especial y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.
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Por tanto, deroga expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales, reglamentos, ordenanzas municipales, normas técnicas y cualquier normativa que contraríen dichas disposiciones.
Argumentos de diputados
El diputado Walter Coto defendió la medida afirmando que “el parque no va a desaparecer, lo que desaparece es la obligación irracional de construir donde no hace falta”.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos, consideró que las disposiciones quitan a las alcaldías la facultad de prever la organización territorial. La diputada ejemplificó con colonias urbanas en las que no se les diseñó ningún parqueo cuando se construyeron y que hoy en día “tienen graves problemas” en la búsqueda de uno o los que tienen son insuficientes para la cantidad de vehículos.
"La forma en la que está planteada no es la más conveniente", destacó Ortiz.
La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, señaló que la redacción de la propuesta pudo haberse modificado con el fin de evitar un desorden en zonas urbanas como San Salvador y La Libertad.
“No es cierto que en las comunidades más empobrecidas no hay carros. El problema es porque no hay un buen sistema de transporte público en el país”, mencionó.
Villatoro también advirtió que las constructoras incluso podrían cobrar tanto el apartamento como el parqueo a los ciudadanos.
El presidente de la Asamblea y esposo de la ministra de Vivienda, Ernesto Castro, manifestó que no ve mal que las constructoras quieran vender el apartamento y aparte el parqueo a los ciudadanos y familias.
Según Castro el requisito de los parqueos “es ridículo y ya está viejo”.
Telecomunicaciones
La Asamblea Legislativa también aprobó que sea el Ministerio de Vivienda el único ente facultado para otorgar los permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones, como las antenas.
Esta medida prohíbe a las municipalidades y asociaciones municipales imponer tasas o contribuciones adicionales para la construcción de infraestructura pasiva, excepto en los casos en que las obras se realicen en bienes municipales.
Sin embargo, las empresas o personas naturales que desarrollen estas actividades dentro de su actividad comercial deberán cumplir con las leyes fiscales locales, pagando los impuestos correspondientes a cada municipio.
Estas disposiciones serían de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y se extienden a todas las personas naturales o jurídicas que requieran permisos para la construcción o instalación de infraestructuras pasivas o proyectos calificados de interés social.