Tribunal favoreció con cambio de pena a abogado implicado en corrupción

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador favoreció recientemente a un abogado, cambiándole la pena de prisión por trabajos de utilidad pública. Penalistas consultados al respecto afirman que tal decisión no debió haberse hecho, aunque hay quienes consideran que la decisión judicial podría tener sentido si el procesado pasó más de dos años en prisión preventiva sin condena judicial.

Se trata del abogado Ricardo Arturo Roque Baires, quien el pasado 26 de junio fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el mencionado tribunal; sin embargo, el convicto no continuará descontando su sentencia tras las rejas, sino haciendo algún tipo de trabajo público, donde un juzgado de vigilancia penitenciaria lo determine.

Roque Baires recibió la condena por los delitos de uso y tenencia de documentos falsos y negociaciones ilícitas, hechos cometidos contra la alcaldía de Soyapango, que para entonces era dirigida por Nercy Patricia Montano de Martínez, a quien el mismo Tribunal le impuso una pena de 10 años de prisión, por los delitos de delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas. 

Al respecto, el abogado Jaime Ramírez Ortega opinó que el cambio de cárcel por trabajo de utilidad pública no está de acuerdo a como está configurado en el ordenamiento jurídico en la actualidad, dado que la pena impuesta sobrepasa los cinco años.

“La ley es clara y dice que el cambio de la pena de cárcel por trabajo de utilidad pública solo aplica en aquellos casos cuando ha sido condenado a tres años o menos; pero en este caso, él (Roque Baires) fue condenado a cinco años con ocho meses, por lo tanto no es legal cambiarle la pena de cárcel por trabajo. Es completamente ilegal,  y es un exabrupto y una ilegalidad de parte del juzgador en este caso”, puntualizó Ramírez Ortega.

Otro abogado que también tiene experiencia como juez, pero que pidió no ser identificado, dijo que no está dentro del marco legal la decisión judicial de cambiar por trabajo de utilidad pública la pena de cinco años y ocho meses de prisión.

“El límite máximo para suspender condicionalmente la ejecución de una pena o para reemplazarla por trabajos de utilidad pública, es tres años de prisión. A menos que haya excedido el plazo de 48 meses de detención provisional, en cuyo caso debe cesar dicha medida cautelar, en espera que la sentencia condenatoria quede firme, si no recurren o el recurso es rechazado por los tribunales superiores”, señaló el jurista.

“Habrá que ver las particularidades del caso, pero en principio, no  puede suspenderse o reemplazarse dicha pena”, añadió el abogado con amplia trayectoria dentro del Órgano Judicial.

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Sobre la resolución judicial favorable a Roque Baires, la Fiscalía General de la República (FGR) o el tribunal, a través de la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, detallaron por qué el convicto Roque Baires fue favorecido con el cambio de la pena de cárcel por trabajo público.

El Diario de Hoy gestionó una respuesta de la Fiscalía sobre este caso pero, como ya es costumbre, no respondieron. La misma diligencia se realizó con el convicto Roque Baires, enviándole un email y por mensajería directa, pero no fue posible obtener respuesta.

Por su parte, inmediatamente después de conocerse el fallo judicial, en la tarde del 26 de junio, Carlos Salmán, abogado de Roque Baires, dijo que respetaban la decisión del tribunal y confirmó el cambio de la pena de prisión por trabajo público.

La petición del convicto

Roque Baires había hecho su petición: sobreseimiento definitivo respecto al delito de falsedad ideológica, y sobreseimiento provisional por el de negociaciones ilícitas.

El delito de falsedad Ideológica fue cometido por Roque Baires al haber presentado una declaración jurada, en la cual expresó "No incurrir en ninguna de las incapacidades de las incapacidades o los impedimentos establecidos en los Arts. 25 y 26 LACAP, con el propósito de que se le otorgara un contrato de servicios profesionales para la recuperación de la mora tributaria de la alcaldía municipal de Soyapango”.

Roque Baires no podía participar en la licitación pública para la adjudicación de dicho contrato debido a que uno de sus hermanos, Alirio Alejandro Roque Baires, fungía en una jefatura de la referida alcaldía desde el 1 de mayo de 2021.

Las negociaciones ilícitas las cometió al haber sido favorecido con el contrato para recuperación de mora tributaria hasta por un monto total de $1,247,000.00, pagaderos de fondos propios, con un plazo de un año, a partir del día cuatro de mayo de dos mil veintidós. Para ello se alió con la Nercy Montano quien lo contrató también como parte del equipo jurídico de la comuna.

La licitación fue otorgada a la empresa Lex Support, de quien Roque Baires era representante legal a la fecha del otorgamiento, según determinó la Fiscalía, presentando la escritura de constitución de dicha sociedad.

Roque Baires fue capturado a finales de diciembre de 2022, cuando en la comuna de Soyapango se suscitó una crisis financiera a tal punto que adeudaba salarios y prestaciones a empleados municipales y éstos habían denunciado que la alcaldía no había había pagado las cuotas previsionales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de las administradoras de pensiones.

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Menos de dos meses antes de ser arrestado por la trama de corrupción en la comuna de la alcaldía de Soyapango, en contubernio con la entonces alcaldesa de ese municipio, Nercy Montano, Roque Baires había sentado las bases para hacer, aparentemente, otras negociaciones con la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, según reveló un reportaje de la Revista Factum, publicado el 30 de agosto de 2023.

“El mismo abogado implicado en la trama de corrupción en Soyapango fundó la empresa municipal de basura de la alcaldía insignia de Nuevas Ideas. El alcalde de Nuevo Cuscatlán, José Manuel Dueñas, se asoció con empresarios mexicanos y constituyó esa sociedad sin la votación de todo el concejo municipal”, reza el mencionado reportaje, en referencia a Roque Baires.