BRP presenta demanda contra encarcelamiento de venezolanos en el CECOT

Representantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) presentaron este viernes una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de los actos llevados por el gobierno sobre la recepción y traslado a prisión de migrantes venezolanos provenientes de Estados Unidos.

Desde mediados de marzo se llevaron a cabo envío de personas detenidas en Estados Unidos, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente Donald Trump, hacia territorio salvadoreño, donde el gobierno de Nayib Bukele los recluye en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a cambio de un pago de $6 millones anuales.

En la demanda piden que se declaren inconstitucionales los actos del gobierno salvadoreño en la recepción de los ciudadanos venezolanos para guardar prisión en el país. “Esto por no cumplir con los requisitos de forma que se plantean en la Constitución y a la violación respecto a la implementación de tratados establecidos en el artículo 144, 145”, dice el pronunciamiento.

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Además, establece que las acciones violan el artículo 146 de la Carta Magna que prohíbe la celebración de tratados o acuerdos que de alguna manera lesione o menoscabe los derechos y garantías fundamentales de la persona humana.

También señalan que hay una violación de parte del gobierno a los derechos de la libertad personal, el derecho de igualdad y no discriminación, al principio de legalidad y el debido proceso y que corresponde únicamente al Órgano Judicial la facultad de imponer penas establecidos en los artículos 2, 3, 12 y 14 de la Constitución.

Agrega que también hay una inobservancia de las obligaciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El BRP expresó su indignación “por la flagrante violación de los derechos fundamentales de personas detenidas de manera arbitraria en una cárcel de máxima seguridad sin haber sido juzgados por ningún tribunal del país y sin haberles comprobado, en muchos de los casos, el cometimiento de delitos en otros países”.

Solicitan a la CSJ una medida cautelar de que se suspenda de forma inmediata los acuerdos de recepción de ciudadanos venezolanos provenientes de Estados Unidos para guardar prisión en el país a cambio de un pago.

Como efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad, piden que los venezolanos sean devueltos a sus país de origen “respetando su derecho de repatriación”. El BRP dice que en este caso “no existe un limbo jurídico” porque hay acciones concretas que “violan derechos fundamentales” y la Sala debe resolver de acuerdo a la misma Constitución.