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Tribunal ordenó liberar a persona con VIH, pero un mes después sigue en prisión
El Socorro Jurídico hizo un llamado al director del centro penal de Izalco a cumplir con la orden judicial.
Pese a que hace un mes un tribunal especializado ordenó medidas alternas a la prisión y giró orden de libertad para una persona VIH positivo, las autoridades de Centros Penales lo mantienen encarcelado, denunció el Socorro Jurídico Humanitario.
La directora de esa organización de derechos humanos, Ingrid Escobar, explicó que el 25 de febrero pasado el Tribunal Cuatro contra el Crimen Organizado, Juez 2, giró la orden de libertad a favor de Anderson Stanley Argueta Rivera, tomando en cuenta su condición de salud.
“Una vez más el Centro Penal de Izalco y su director desobedece un mandato judicial para es casi un mes de haberse decretado orden de libertad, pasó todos los términos ya y no es cualquier tipo de condición de salud la que tiene”, dijo.
Escobar hizo un llamado para que lo liberen, de lo contrario dijo que tendrán que denunciar formalmente al director del Centro Penal de Izalco ante la Fiscalía General de la República.
Este es uno de los cuatro casos que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza, está recopilando información luego que fuera denunciado como captura arbitraria por el Socorro Jurídico Humanitario.
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Anderson es una persona VIH positivo desde su nacimiento y fue capturado el 15 de mayo de 2022 en San Bartolo, cuando regresaba de un viaje en Costa Rica, como defensor de los derechos de las personas en su misma condición.
El Socorro Jurídico Humanitario denunció el 16 de octubre de 2024 su preocupación por la situación de salud del joven, debido a que desde agosto del año anterior no había sido llevado al hospital para recibir sus medicamentos.
La denuncia se basó en un informe que el mismo hospital había entregado a la madre del detenido que hacía constar que no había retirado los medicamentos para su tratamiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una resolución de medidas cautelares emitida en 2022 recordó la obligación de los Estados a brindar la protección de salud a las personas que viven con VIH y el acceso a medicamentos, incluida la terapia antirretroviral.
En otro informe la CIDH señala que la suspensión de tratamientos antirretrovirales pone en riesgo de muerte a las personas con esa situación.
La familia niega que el joven tenga vínculos con grupos pandilleriles como lo señalan las autoridades y relatan que él es un defensor de derechos humanos de personas VIH positivas, por lo que participaba en diferentes actividades de ese sector a nivel nacional e internacional.
Entre las medidas ordenadas por el tribunal están no cambiar de domicilio, no salir del país, no comunicarse con personas vinculadas al proceso y con actividades pandilleriles y de forma obligatoria presentarse a firmar cada 15 días al juzgado.