"Nos notificaron por correo electrónico que nuestra plaza había sido suprimida", empleado despedido de PDDH

"Solo nos notificaron vía correo electrónico que nuestra plaza había sido suprimida; cuando nos presentamos levantaron un acta para quitarnos el activo fijo que teníamos, que eran nuestras computadoras, nuestro escritorio, nuestra silla. Prácticamente de hecho estaba rompiendo la relación laboral la señora procuradora (Raquel Caballero)", dijo Guillermo García, uno de los empleados de la PDDH separado de su cargo como coordinador de Acciones Inmediatas en el departamento de Denuncias de esta entidad

García junto a un grupo de despedidos se presentaron el lunes en la PDDH para acompañar la presentación de una denuncia en contra de la titular de la institución por el despido "arbitrario" de al rededor de 100 trabajadores.

La denuncia fue interpuesta por miembros de la junta directiva del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (SEPRODEHES).

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A eso de las 9:00 de la mañana, varios representantes de SEPRODEHES ingresaron al edificio de la PDDH donde se les informó que las denuncias serían recibidas de manera individual por cada caso, en tanto, afuera de las instalaciones los trabajadores despedidos realizaban denuncias en contra de las autoridades de este ente, que fue creado 1992 para velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos en el país.

Los denunciantes califican los despidos como "ilegales y arbitrarios" y señalan a la procuradora de no haber seguido el debido proceso para suprimir a los empleados.

Asimismo apuntan que ha irrespetado el fuero sindical al despedir a siete miembros de la Junta Directiva de SEPRODEHES.

"Este día, como movimiento de trabajadores despedidos estamos aquí uniendo fuerzas y alzando la voz porque no es posible que mientras este pueblo sigue sufriendo graves violaciones a derechos humanos en materia laboral, en materia medioambiental, en materia de educación, en materia de salud, la Procuraduría de Derechos Humanos se queda callada", dijo García.

De acuerdo a organizaciones sociales, miles trabajadores del sector público han sido separados de sus cargos en diferentes instituciones y dependencias del Estado.

Hasta diciembre del año pasado, representantes del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) contabilizan más 14 mil empleados cesados en 2024.

Los empleados despedidos, aglutinados en el Movimiento de trabajadores y trabajadoras despedidos de la PDDH (MTDPDDH) señala que todos los despidos han ocurrido sin que se haya presentado un estudio técnico que determine si las personas son necesarias o no en el puesto que estaban desempeñando. "Es posible que este no exista", acotan.

“No se han entregado indemnizaciones”

Asimismo, manifiestan que no se les ha indemnizado por el tiempo de trabajo en la institución.
MTDPDDH señala que entre los despedidos hay cerca de 40 a 50 jurídicos y más de 25 mujeres, algunas de ellas madres solteras que tienen a sus hijos e hijas en edad escolar.

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Asimismo se han suprimido plazas de secretarías, de vigilantes, de ordenanzas y de motoristas, entre otros.

Áreas como la Procuraduría para derechos económicos, sociales y culturales se está fusionando con la Procuraduría Adjunta de derechos ambientales, exponen.

"Esa fusión limita el servicio a los usuarios, a la población salvadoreña. Máximo que el derecho económico, social y cultural es ahorita prioritario por el derecho a la salud, a la educación y al trabajo", apuntó García.

Explican que los despidos en las diferentes áreas de la PDDH iniciaron en diciembre pasado y han continuado este 2025; en tal sentido, piden a Caballero "parar con este tipo acciones" que atentan contra los derechos del trabajador.

“Una procuradora sin pronunciamiento ante grandes temas de país”

Los denunciantes cuestionan el silencio de la PDDH en relación a los despidos en otras carteras y ante la amenaza de reactivación de la minería en el país, lo cual ha sido ampliamente denunciado por diversos sectores por el riesgo que implica esta industria para la vida, la salud y los ecosistemas.

En tal sentido, tanto el sindicato como los exempleados de la PDDH piden a las autoridades iniciar una investigación “profunda” a la titular.

Le demandan además se pronuncie ante temas como la contaminación, víctimas inocentes detenidos en penales, sobre la calidad de las medicinas, la pobreza, el desempleo, el trato en los hospitales, la falta de rendición de cuentas por parte de las instituciones y la inseguridad jurídica, entre otros.

Bajo la misma línea, denuncian ante la comunidad internacional: "Que las violaciones de derechos humanos destruyen los sueños y obstaculizan la construcción de una realidad digna para todos y todas" y que "solo un decreto legislativo puede suprimir plazas, y la ley lo contempla sustentado en un estudio técnico que justifique este tipo de medidas”, asimismo contempla que “antes de la supresión se debe reubicar a la persona dentro de la misma institución”.

Los trabajadores despedidos manifiestan tener confianza en que el sistema de justicia actuará a la luz de la Constitución y de los instrumentos de derechos humanos internacionales.