El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) dio a conocer este martes los resultados de una encuesta, para conocer la opinión de los salvadoreños tras un año de estar sometidos al régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022, a raíz de la matanza de al menos 87 personas por parte de las pandillas, entre el 25 y 27 de ese mismo mes.
Uno de los hallazgos más sobresalientes es que uno de los fracasos de la implementación del estado de excepción es la detención de personas inocentes por parte de fuerzas del Estado. Eso es lo que opinó el 43% de los encuestados.
Así también, el 49% dijo considerar que la denuncia anónima a través del teléfono 123 dispuesto por el Gobierno para denunciar a pandilleros, puede ser utilizada también para capturar a personas que son inocentes y que no tienen relación alguna con grupos criminales.
Los casos de personas que han sido detenidas por denuncias anónimas, señaladas de ser miembros de pandillas o colaboradores de esos grupos, han sido expuestos por muchas familias.
Ejemplos de esos casos son las detenciones de Mauricio Adonay Villacorta y Héctor Geovani Chachagua, detenidos el 13 de junio de 2022 y el 25 de febrero de 2023, luego de ser señalados como miembros de pandillas.
Ambos son personas con evidentes discapacidades físicas y mentales. Villacorta es manco de ambas manos y solo ve un 25 por ciento con uno de sus ojos, consecuencia de la explosión de una mina, remanente del conflicto armado. Chachagua, por su parte, tiene cierto grado de discapacidad intelectual y sufre de epilepsia.
Esas dos personas con discapacidades fueron puestas en libertad, luego de que sus casos fueran denunciados como capturas arbitrarias, a través de El Diario de Hoy.
No obstante, la encuesta universitaria reveló que los principales logros del régimen de excepción que percibe la población son que ha mejorado la seguridad y se vive con más tranquilidad, que ya no hay pandilleros, que disminuyó la delincuencia y que hay más libertad de movilidad, entre otros. 87 de cada cien encuestados dijo sentirse seguro con el régimen de excepción.
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Desconocimiento de derechos
Otro de los resultados importantes es que de los 1,271 salvadoreños encuestados, el 75.7% dijo que no conoce los derechos y garantías constitucionales que han sido suspendidos desde el 27 de marzo de 2022, cuando entró en vigencia el régimen de excepción.
Según la encuesta, sólo 22 de cada 100 encuestados dijo conocer al menos uno de esos derechos.
Con el régimen de excepción, se ha conculcado las garantías constitucionales de reunión y asociación, a que el plazo de la detención administrativa no exceda de 72 horas, el derecho a un abogado y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.
A pesar de que el derecho a la inviolabilidad de morada no está limitado, policías y militares ingresan a las viviendas o lugares de trabajo sin tener orden judicial para ello, pero los moradores no se oponen por temor a ser capturados, precisamente, bajo el régimen de excepción.
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No obstante lo anterior, la encuesta reveló que el 88% no está de acuerdo con que las autoridades no informen, o no lo hagan oportunamente, a la familia de un reo que muere en prisión. El 74% dijo que no está de acuerdo en que las autoridades puedan detener a una persona sin informarle el motivo de la captura; así también, 73 de cada cien encuestados no aprueba que las autoridades realicen capturas sin orden judicial; en tanto que el 67% de los entrevistados dijo no estar de acuerdo con la suspensión del derecho de defensa.
La encuesta también revela que el 53% no sabe qué es democracia, el 55% no sabe qué son los derechos humanos y el 94% no sabe qué es el estado de Derecho.
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Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, afirmó que a pesar de que la mayoría de la población encuestada dijo no conocer los derechos que han sido suspendidos, la gente tiene críticas al régimen de excepción. Entre esas críticas está que el 43 % está en contra de la detención de personas inocentes y el 34% conoce personas inocentes detenidas.
“El estado de excepción, con los que lo implementan a la cabeza, ha hecho creer que se tiene que elegir entre tener paz y respetar los derechos humanos. Es decir, quieren paz o quieren que se respeten los derechos humanos. Y la gente sabe que se están violando los derechos humanos, pero ante esta dicotomía, esta exposición maniquea de derechos humanos o paz, la gente dice que prefiere la seguridad”, explicó Serrano.
Serrano afirmó que “la verdadera paz sólo viene de la justicia y los derechos humanos, pero la gente cree, según la encuesta, que si queremos paz tenemos que aceptar que se violen los derechos humanos y de personas inocentes, que es lo más grave”, puntualizó.