“El año 2022 representó un retroceso para el ejercicio libre de la prensa salvadoreña desde el espionaje ilegal, hackeos telefónicos, retenciones arbitrarias, abuso de poder militar y policial, reformas legales antiprensa hasta las salidas del país”. Así resume la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la situación del periodismo en El Salvador, en su balance sobre la libertad de prensa 2022, que dio a conocer este miércoles.
De acuerdo con el informe, diez periodistas y un comunicador tuvieron que abandonar el país debido a amenazas y acciones de amedrentamientos, algunas de éstas, cometidas por parte de funcionarios o instituciones del Estado.
Para la APES, este año ha significado un punto crítico para la prensa salvadoreña. El Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas registró 125 agresiones con un total de 155 afectaciones en total.
Además de las salidas del país de más de una decena de periodistas, la gremial destaca como otro punto grave, el espionaje a través del spyware Pegasus, durante 2020 y 2021 a que fueron sometidos periodistas de El Diario de Hoy, El Faro, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo, Gato Encerrado y la Revista Disruptiva.
“Tras la aprobación del Régimen de Excepción (vigente desde el mes de marzo) al menos 8 periodistas se han visto obligados a salir preventivamente ante la amenaza de prisión de hasta 15 años. Otros dos periodistas se encuentran fuera del país debido a amenazas de funcionarios e instituciones del Estado por su trabajo periodístico, Uno de ellos es el caso de un comunicador que se encuentra en calidad de exilio ante las amenazas de muerte por parte de miembros de la PNC”, señala el informe.
Pegasus es un software espía que solo puede ser adquirido por los Estados no por personas naturales ni empresas. Hace un par de semanas varios periodistas demandaron en una Corte de Estados Unidos, a NSO, la empresa fabricante.
La gremial de periodistas indicó que hasta la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado sobre avances en la investigación tras una denuncia que la APES hizo desde el 15 de enero de este año.
Así también, la APES registró entre enero y diciembre de este año, 28 casos de intentos y hackeos de cuentas de WhatsApp de periodistas, comunicadores, grupos de periodistas y medios de comunicación, incluyendo el Centro de Monitoreo de la misma APES.
Solo en diciembre, hubo nueve intentos, mientras que la Fiscalía no ha informado sobre la identidad de los responsables de tales vulneraciones, a pesar de que también denunciaron esos hechos.
Abusos policiales y militares
A lo anterior, según la APES, se agrega los recurrentes casos de abuso de poder por parte de agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador que han sufrido al menos 31 periodistas; entre los casos más recientes de este tipo se encuentra la retención arbitraria de tres periodistas de La Prensa Gráfica en las proximidades donde se construye la mega cárcel, en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, y la el caso de una fotoperiodista de este Diario, retenida por agentes policiales y agentes privados de seguridad, cuando hacía imágenes de la contaminación generada por autobuses en el centro de San Salvador.
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“Hay que destacar que en los casos de retenciones arbitrarias, donde participan simultáneamente miembros de la PNC y FAES, se ha identificado una pugna de poder entre dichos grupos para demostrar quiénes tienen la autoridad para restringir el derecho a la libertad de prensa, sin tener argumentos legales”, reza un boletín publicado por la APES.
La APES también considera que las reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas son una forma de mordaza que buscan criminalizar y amenazar hasta con 15 años de prisión cualquier cobertura relacionada con las pandillas.
La gremial de periodistas también señaló que ha identificado crisis económicas en medios de comunicación debido a que la pauta publicitaria gubernamental es utilizada como premio/castigo y hay denuncias de medias de presión contra empresarios para que dejen de pautar en medios no afines al oficialismo.
La APES también considera que si bien en el país no hay periodistas muertos o encarcelados, el Gobierno salvadoreño propicia un clima de impunidad legal, abuso policial y militar, reformas legales antiprensa, amenazas financieras hacia medios de comunicación y mantiene una narrativa de estigmatización hacia los periodistas y medios no alineados al oficialismo.