El gobierno de Nayib Bukele inició la quinta fase del plan control territorial militarizando Soyapango, uno de los municipios más poblados de San Salvador, con 250,000 habitantes y donde algunos sectores han sido considerados territorio de pandillas.
La militarización tomó por sorpresa a centenares de familias el viernes por la noche, cuando vehículos blindados y miles de soldados empezaron a entrar a las comunidades, donde las autoridades han señalado que van es buscan de pandilleros. Y oficialmente fue informada la medida, a través de redes sociales, en la madrugada del sábado.
Expertos y analistas consideran que pese a que la estrategia de la militarización para recuperar territorios no es algo nuevo, se debe medir su alcance y efectividad con base en el número de capturas y los tiempos de ejecución, información que hasta hoy no está clara.
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“A 72 horas de que la medida fue implementada pocas son las capturas que hemos visto”, dijo Otto Flores, abogado penalista y de Derechos Humanos.
Flores explicó que aplicar de esta manera el uso de la milicia o de la policía en un municipio tan grande como Soyapango pondrá en duda el nivel de efectividad de la misma.Añadió que llama la atención que la medida se haya implementado en momentos en los que en la Asamblea Legislativa se promueve una reforma a la ley de pensiones, cuando se ha cuestionado al gobierno por millonarias pérdidas que se habría tenido tras las caídas del Bitcoin y ante la recesión económica que cada vez golpea más fuerte el bolsillo de los salvadoreños. “Considero que es una táctica o una estrategia para mantener la buena opinión de la población a favor tanto del presidente como de la política del régimen de excepción”, opinó.
El abogado considera que emplear a miles de militares para “cercar” un municipio tan grande es poco viable pues aunque los soldados y policías anden casa por casa buscando a los delincuentes hay poca probabilidad de que se genere un número significativo de capturas. Por lo mismo asegura que se deberá hacer un estudio de las detenciones que se realicen para determinar el nivel de mando del capturado o la importancia de la captura.
“Han colocado a los militares como una estrategia política, porque una estrategia de seguridad es ir y agarrar los delincuentes, y no hemos visto eso”
Juan Carlos Torres, master en políticas públicas, prevención de violencia y cultura de paz
Además, opinó que el hecho de que el gobierno haya avisado días antes que implementaría estas políticas demuestra que “solo les interesa mantener una buena imagen del presidente respecto al régimen de excepción y seguir llenando encabezados en los medios”.
A la especialista en derechos humanos Elsa Medrano le llama la atención que el gobierno implemente una militarización para ir en busca de pandilleros en un populoso municipio “al que el mismo aparato propagandístico del Estado destacó hace poco tiempo como zona segura”.
“¿Cómo se explica entonces que sea esta misma zona la escogida para este tipo de montaje?”, dijo la especialista.
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Un despliegue con sentido publicitario
Medrano expusó que el despliegue militar que se mantiene, desde el viernes por la noche, en Soyapango tiene un elemento “altamente publicitario”.
Juan Carlos Torres, master en políticas públicas, prevención de violencia y cultura de paz, retoma los ejemplos de los cercos militares implementados en 2010, luego de que pandilleros quemaron a 17 personas en un microbús en Mejicanos, o la militarización implementada por Salvador Sánchez Cerén en San Salvador y Apopa tras la masacre de 11 trabajadores en Opico, en marzo de 2016.
“Bukele ha estado cerca de la política y sabe lo que ha funcionado en el pasado, esto no es una estrategia nueva, y para él es fácil ahora sacar provecho de la fuerza pública que tiene”, dijo Torres.
El analista explicó que al colocar militares en un municipio tan grande como Soyapango, tras probar la medida en una zona más rudimentaria como Comasagua, el Gobierno lo que busca es generar mayor impacto en la población, aprovechando la gran movilidad de personas que se da en el lugar.
“Este es una estrategia política en la que se busca que la gente vea que el Estados está presente en las comunidades, y por eso el plan control territorial le ha dado mucha rentabilidad política al gobierno”, declaró Torres, quien luego añadió que parquear carros blindados en las comunidades “eso solo se hace para impactar en la percepción de la ciudadanía”.
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“No es de esta forma que se recuperan los territorios, si no más bien desde un enfoque de convivencia y cultura de paz”, sentenció.
“Después de esto se podría llegar a tener una disminución de los requisitos, y ya se está viendo, para generar la detención de una persona”
Otto Flores, abogado penalista
Al igual que el abogado Flores, Torres hace énfasis en el mínimo de capturas que se han tenido hasta el momento. “No tenemos capturas como las que vimos en Comasagua”, resaltó.
Además, expone que se ha entrado a una zona “compleja”, en la que no se va a tener el número de capturas esperado, y por tanto, al final de este plan será difícil medir su eficacia.
“No lo vamos a medir con el número soldados que estén en la calle. Creo que la ciudadanía ahí es donde tiene que ser más crítica, y preguntar cuánto se está invirtiendo en esta nueva estrategia de seguridad, cuáles son los plazos”, expusó. A criterio de Torres, solo de esa manear el presidente Bukele va a poder justificar la medida ante los salvadoreños y la comunidad internacional que está vigilante de lo que ocurre en el país.
Desde el inicio del régimen de excepción, Cristosal ha registrado cada mes 376 denuncias por violaciones a Derechos Humanos y detenciones arbitrarias, algo que ha sido ampliamente condenado a nivel internacional.
Este es un tema que también preocupa a los entrevistados, quienes esperan que esta vez las fuerzas del orden estén mejor preparados y no solo actúen por lograr un número de detenciones. “Hemos visto cómo se ha llegado a detener a gente en la cual no existía ni la mínima sospecha o con niveles de sospecha muy bajos; esto aumenta el nivel de capturas arbitrarias que es algo que se mantiene en el régimen de excepción “, añadió.
La tesis de que estos “cercos” militares estén siendo usados para “normalizar” la militarización de la seguridad dentro de los municipios también inquieta a los expertos.
“Llama la atención que estos municipios, como Soyapango y Comasagua, fue donde se había comenzado a gestar un malestar de la población por parte de los gobiernos municipales, podría ser una táctica para generar apoyo a favor de las alcaldías, incluso una forma para distraer y generar una buena apariencia a favor del gobierno, algo que podremos constatar con el tiempo”, opinó el abogado Flores.