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Usuarios lo pagarían como contribución especial

Nuevo impuesto incluye celulares prepago y televisión por cable

En telefonía prepago los usuarios pagarán la tasa al momento de recargar saldo

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El nuevo impuesto incluye telefonía celular prepago, compra de equipos y otros servicios. | Foto por Foto tomada de Internet

El nuevo impuesto incluye telefonía celular prepago, compra de equipos y otros servicios.

El impuesto del 10 por ciento que el Gobierno pretende cobrar al servicio de telecomunicaciones a los usuarios como una “contribución especial” para apoyar los planes de seguridad incluye la telefonía celular prepago y la televisión por suscripción, ya sea por cable o inalámbrica.

De acuerdo a la propuesta de Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el jueves pasado para su estudio y posterior aprobación incluye otros servicios como la facturación de telefonía móvil postpago, la compra de nuevos aparatos telefónicos, tabletas electrónicas y otros aparatos, tarjetas que contengan el módulo de identificación de abonado (SIM).

La iniciativa del nuevo impuesto contra la delincuencia que sería cargado a servicios de telecomunicaciones, en un inició se manejó públicamente que sería pagado por las empresas de telefonía; sin embargo, al conocer en detalle el anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno, quien realmente lo pagará serán los usuarios mediante su factura mensual.

El Diario de Hoy tiene en su poder una copia del anteproyecto que Carlos Cáceres, ministro de Hacienda y Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad presentaron a la Asamblea Legislativa.

El mismo anteproyecto, ayer en la Asamblea Legislativa causó revuelo entre las diferentes fracciones legislativas, algunos diputados se mostraron críticos y alejados de apoyar la iniciativa de ley porque tendrá un impacto directo y negativo en la población (Ver nota siguiente), ya que a aparte del 13 por ciento del impuesto del IVA, el usuario estaría pagando un 10% adicional, elevando a un 23 por ciento entre IVA y la “contribución especial”.

“Hay una doble tributación, hay una múltiple tributación con este 10%, se está gravando el consumo de la tecnología pero también a quien preste el servicio y si hay un intermediario que es el arrendatario también se grava con el 10%, es más que un impuesto en cascada es múltiple tributación” cuestionó el diputado por ARENA, René Portillo Cuadra.

Añadió que si se interpone un recurso de inconstitucionalidad de este proyecto, en caso que fuera aprobado, “no tengo ni la menor duda que la Sala (de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) fallará que este proyecto es inconstitucional por tener múltiple tributación”, afirmó.

De igual manera, las audiencias en redes sociales de elsalvador.com mostraron su descontento con el proyecto del nuevo impuesto (ver página siguiente).

Otros rubros que han sido incluidos en el proyecto de ley y que pagarán el nuevo impuesto es la compra de accesorios para dispositivos tecnológicos, el pago por servicio de transmisión de datos entre dos o más puntos, si bien el anteproyecto no establece el implícitamente el Internet, podría considerarse en la transmisión de datos como parte de los servicios esenciales de telecomunicaciones contenido en la Ley de Telecomunicaciones.

El Internet en la mayoría de casos esta asociado a servicios que los operadores de telefonía ya venden en paquetes con telefonía y televisión.

Asimismo, la importación al país de dispositivos tecnológicos, terminales, aparatos y accesorios también deberán pagar el impuesto del 10 por ciento, más el pago normal del IVA como ya se hace.

El anteproyecto incluye además, cargar a las llamadas de cobro revertido (aquellas donde la persona que genera la llamada no la paga, sino que el responsable del número); así como todos los servicios de telecomunicaciones.

Prepago pagará impuesto

El anteproyecto de Ley señala que también la telefonía prepago celular y fija también pagará la contribución especial del 10 por ciento, para lo cual al usuario se le aplicará el cargo respectivo en el momento que haga una recarga.

Por ejemplo, en la forma en que se entiende en el anteproyecto, el operador hará el cargo en el momento de la carga del celular y posteriormente el operador o quien generó la transacción la trasladará al ente encargado de recibir la contribución especial.

En el mismo anteproyecto, el Gobierno excluye del pago de la nueva contribución  a los ordenadores o computadoras electrónicas y televisores.

Asimismo deja fuera de la obligación de pagar a las misiones consulares y diplomáticas, personal diplomático, organismos internacionales, agencias de desarrollo y cooperación de Estado o de países extranjeros.

No pagarán la contribución especial “los sujetos pasivos que se dediquen a la actividad de Centros Internacionales de Llamadas, conocidos en el comercio internacional como call center” o ‘contact center’, que se encuentren gozando de los beneficios de la Ley de Servicios internacionales.

En el anteproyecto se establece que quienes harán la retención de la contribución especial serán quienes presten el servicio, en todo caso las empresas de telefonía, las empresas que proporcionan el servicio de televisión por suscripción.

El ente encargado de llevar el control de las retenciones será la Dirección de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda.

¿Para qué servirá el nuevo impuesto?

El plan País Seguro del presidente Salvador Sánchez Cerén contiene varios componentes de trabajo, por ejemplo reinserción de pandilleros a la sociedad, mejorar los barrios donde viven y el sistema carcelario, entre otros aspectos.

En el anteproyecto, el artículo 11 contiene el destino de la contribución especial, donde señala que serán “utilizados única y exclusivamente para la seguridad ciudadana y convivencia”.

Por ejemplo cita, fortalecer las instituciones de seguridad para la prevención de la delincuencia, recuperación de espacios públicos, reducción de la incidencia delictiva, reducción del número de niños, apoyo adolescentes y jóvenes que no estudian y no trabajan.

Comprende además el aumento de la judicialización efectiva de delitos graves, la reducción de la mora en las investigaciones de delitos, el fortalecimiento del control y la mejora de las condiciones en los centros penales, programas de prevención del delito, el reforzamiento de las capacidades para la protección, atención y reparación de las víctimas.

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