No sigamos discutiendo sobre ‘sobresueldos’, sino sobre sueldos justos y necesarios

Todo este tema de los “sobresueldos” está mal enfocado. No sólo por los que quieren hacer una cacería de brujas con este asunto, sino lamentablemente también por muchos que critican el uso de la justicia para destruir la oposición política.
Voy a dirigirme a los segundos, porque con los primeros no se puede razonar, porque no actúan con criterios de la racionalidad, que tiene que estar a la base de la justicia, sino con lógica de poder, venganza y mercadeo político. Lastimosamente, este cáncer se ha propagado muy rápido del órgano Ejecutivo a la Fiscalía y comienza a carcomer el sistema judicial.
Mal enfoque el tema “sobresueldos” es pelear si las instancias acusadoras (las comisiones inquisidoras de la Asamblea y la Fiscalía General) pueden comprobar o no que a muchos funcionarios del Ejecutivo se les hicieron pagos mensuales complementarios a sus salarios. Por supuesto se pagaron estos “sobresueldos”. Tratar de negarlo es inútil y contraproducente. Por supuesto esta práctica choca con la ética política, porque es arbitraria y no transparente – pero la pregunta relevante es si esta práctica fue ilegal y constituye delito por parte de los funcionarios que recibieron estos pagos.
Lo que la Fiscalía tiene que comprobar no es que los ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo recibieron “sobresueldos”, esto ya lo sabíamos. Lo que tiene que comprobar la Fiscalía es que se cometieron delitos penables -o sea, en qué circunstancias pagar o recibir “sobresueldos” constituye delitos, y cuáles.
Este es el problema que hay que llevar a un análisis jurídico y una discusión seria. Aunque no soy abogado, la lógica me hace pensar que no existen delitos. Puede ser que los presidentes que pagaron “sobresueldos” de una manera arbitraria y no transparente cometieron delitos –y en este caso habría que ver cuáles son y cómo son sus plazos de prescripción. Pero si un presidente, para convencer a una persona de que se haga cargo de un ministerio o cualquier otra institución gubernamental le ofrece que aparte del salario definido por la ley de presupuesto le va a pagar un complemento mensual, libre de impuestos, la persona puede recibir estos pagos confiando que su patrono, el presidente de la República, se haga cargo de los problemas administrativos, contables, fiscales y legales de este acuerdo.
Claro, si el complemento consiste en una suma frívola, que sobrepasa con creces el “valor de mercado” del profesional en cuestión, entra en la ecuación un elemento diferente: ya estaríamos hablando de una compra de voluntades y de un soborno. Si un presidente a un ministro le paga 20 mil dólares mensuales, adicionales a su salaria asignado, es obvio que está comprando la voluntad de cometer o encubrir actividades ilícitas. Para estos casos tampoco la Fiscalía ha aclarado qué tipos de delitos se configuran. Acusar de “lavado de dinero: no resuelve este dilema, porque para acusar a alguien de lavado de dinero, primero hay que comprobar que el origen de los fondos es ilícito...
El tema que realmente hay que discutir, más allá de cacerías de brujas y ganas de destruir a los adversarios, es cómo debe ser el marco de ley que permita a un presidente formar gabinete con los profesionales más capaces, ofreciéndoles los salarios que merecen y que posiblemente ya estaban devengando en el sector privado. Hay que buscar un marco legal que evite que esta necesidad indiscutible se cumpla sin arbitrariedades, nepotismo, compra de voluntades y otras decisiones oscuras, sino que se pueda cumplir de manera transparente, apegado a ley y sin chocar con la ética que necesita un gobierno para ser creíble.
De todas formas necesitamos que al fin, cuando salgamos de esta época de autoritarismo y abusos sistemáticos del poder, se apruebe una Ley de Servicio Público. Dentro de esta ley debe regularse en qué condiciones y bajo que auditoría el presidente puede libremente negociar salarios competitivos para sus funcionarios con alta responsabilidad. Pagarle a un ministro idóneo de Obras Públicas, Salud, Educación o Hacienda un salario mensual de 15 mil dólares puede ahorrarle a un país millones y hacerle cumplir metas ambiciosas de desarrollo. Con tal que sea transparente, no veo ningún problema que los presidentes tengan esta libertad de negociar contratos. Los ministerios de Educación y Salud, con decenas de miles de empleados infraestructuras amplias y complejas sólo pueden ser administrados por profesionales con la experiencia y capacidad que igualmente exigen las grandes empresas a sus ejecutivos.
Una legislación clara evitaría que alguien reciba 20 mil mensuales, únicamente por ser chero incondicional del presidente. Pero también evitaría que tengamos ministros mediocres, porque la ley sólo permite pagarles $3,500 mensuales.
Si resolvemos este dilema, saldremos de la espiral de desconfianza y deslegitimación que hemos activado no solamente contra partidos políticos o políticos corruptos, sino contra las instituciones del Estado y “la política” en general. Y en estas aguas de desconfianza generalizada pescan los movimientos populistas y las mafias que los manipulan y dirigen.