Ganaron una batalla, pero no la guerra

Por Paolo Luers
Periodista

May 15, 2021- 18:22

Nayib Bukele dice que el país ganó gobernabilidad con el control total que tiene ahora sobre la Asamblea Legislativa. Tiene razón. Con esta mayoría, el gobierno puede obtener cualquier legislación que necesita para implementar su plan de gobierno, para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19, para recuperar la economía y para salir de la crisis fiscal.

Pero esto de la mayor gobernabilidad no es tan simple. La limitante es que no existe plan de gobierno, ni estrategias claras para enfrentar la epidemia, ni para recuperar la economía.

Con la remoción de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General, Bukele considera que ha superado lo que llama “el bloqueo sistemático” – y que otros actores de la sociedad llamamos “sistema de pesos y contrapesos”.

Es obvio que con una Asamblea, una Corte Suprema y una Fiscalía dóciles será más fácil y más ágil gobernar, tomar decisiones, implementar políticas públicas y movilizar fondos. Eso suena positivo a algunos que creen en el concepto de la ‘dictadura benévola’, que pone orden al país. Pero no hay ningún indicio de que el gobierno Bukele esté enfocando las decisiones y las políticas públicas en la solución estructural de los problemas del país: falta de empleo, pobreza extrema y masiva, informalidad, falta de educación capaz de preparar para una sociedad (y economía) de conocimiento, extrema vulnerabilidad de muchas comunidades, sostenibilidad ecológica.

Si las políticas públicas no pasan de un esquema clientelista y asistencial, pueden ser más ágiles, pero no más efectivas. Además dependerían siempre de la liquidez necesaria para seguir tapando los problemas con dádivas. En tiempos de crisis fiscal, alto endeudamiento, y la creciente tensión con la comunidad internacional, esto no está garantizado.

Es cierto que la nueva correlación de fuerzas y el control casi total de todas las instituciones del Estado da estabilidad al gobierno, pero es una estabilidad parcial y a corto plazo. Estabilidad del gobierno no significa estabilidad para la sociedad y la economía. Una estabilidad más integral incluye factores como seguridad jurídica, confianza de inversores, buena relación con los gobiernos de Estados Unidos y Europa y con los organismos financieros internacionales; y una armonía social, que solamente es alcanzable y sostenible con diálogos y acuerdos amplios.
En El Salvador todos estos factores necesarios están siendo negativamente impactadas por la manera como el gobierno hace uso de su mayoría legislativa y de su control de las instituciones. A partir de la decisión inconstitucional de desmantelar la Sala de lo Constitucional y sustituir al Fiscal General, el gobierno ha perdido credibilidad con la comunidad internacional, incluyendo las organizaciones multinacionales de financiamiento. Abiertamente ha confirmado que no está dispuesto de dialogar o concertar, ni con la oposición política, ni tampoco con las gremiales y organizaciones del sector privado y de la sociedad civil.

Habrá a corto plazo, mayor estabilidad y gobernabilidad, posiblemente con ciertos resultados en cuanto a la superación de la epidemia y el regreso a una vida normal en lo económica, productivo, social y educativo. Tal vez también en la ejecución de algunas pocas obras de infraestructura.

Sin embargo, a mediano plazo, resultará imposible evitar el surgimiento de tensiones sociales. Gradualmente se volverá difícil y a partir de cierto punto imposible tapar estas tensiones con medidas de asistencialismo. No sólo porque no son financiables a largo plazo, sino por una mecanismo que cualquier clientelismo populista pone en función: provoca expectativas que al rato no se conforman con la pura subsistencia, sino desembocan en la aspiración de progreso y bienestar.

El gobierno no tendrá la liquidez de elevar a otros niveles el asistencialismo. Tampoco logrará crear empleos, viviendas, mejores pensiones, mucho menos podrá erradicar la corrupción. Entonces, a mediano plazo indudablemente aparecerán factores de tensión social y desencanto. El bonus que a corto plazo gana el gobierno en materia de estabilidad se pierde a mediano plazo, y comenzará nacer una nueva oposición, a la cual ya no la puede deslegitimar con su trilladas frases de “los mismos de siempre” y “devuelvan lo robado”.

Cuando este se dé, el gobierno va a tener que recurrir a formas de represión y persecución que ahora no tiene necesidad de usar. Pero el gobierno Bukele se ha preparado sistemáticamente para este escenario. Tiene preparados los instrumentos para la represión: control político de la policía, la Fuerza Armada y la Fiscalía. Impunidad para estos instrumentos, porque ya no habrá un sistema judicial independiente al quien acudir para denunciar abusos de poder. Ojo: Nadie consigue armas de este calibre, si no está dispuesto a usarlas cuando sea necesario.

Vendrá en los próximos años una fase de inestabilidad política y social, por las expectativas defraudadas, por la insostenibilidad de un asistencialismo profundo y sistémico, y por tensiones sociales que ahora están mediatizadas todavía por la ilusión de un nuevo comienzo sin corrupción y con más justicia social. El problema principal del gobierno de Nuevas Ideas es que no tiene planes ni intenciones serias para construir justicia social mediante políticas y servicios públicos eficientes. Tampoco ni tiene voluntad de erradicar la corrupción. No hay nada más desestabilizador para un régimen asistencialista que promesas y expectativas no cumplidas, que llevan a una desilusión masiva.

En este escenario de crisis, que es difícil imaginarse que no se configurará antes de las elecciones del 2024, serán decisivos dos factores. Primero, si la oposición habrá logrado recuperarse y desarrollado liderazgos, propuestas y formas de comunicación nuevas. Segundo, si el empresariado habrá logrado preservar su autonomía y capacidad de acción. En tercer factor coadyuvante sería que la comunidad internacional mantendrá la presión sobre el gobierno y un diálogo constructivo con la sociedad civil, el sector privado y los partidos de oposición.
Si se dan estos tres factores, no hay ninguna razón de asumir que en el 2024 no existirá una real oportunidad de rectificar el rumbo del país.

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