Los primeros pasos de la nueva Ministra

Los que hemos trabajado en las aulas y continuamos trabajando con directores y maestros a lo largo y ancho del país  sabemos que, en igualdad de otras condiciones, los directores y directoras de escuelas e institutos pueden marcar importantes diferencias en los logros educativos si cuentan con los necesarios apoyos y se les permite y exige un rol más determinante en la conducción de sus centros escolares

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Foto Por Lucinda Quintanilla

Por Joaquín Samayoa

2019-07-04 5:47:43

El Ministerio de Educación es la institución más grande y compleja del Estado salvadoreño. Con casi 60 mil maestros, más de 5 mil escuelas e institutos y un regimiento de funcionarios y empleados administrativos, el aparato a cargo de la educación es una especie de monstruo insaciable que se mueve mucho pero camina poco.

En alguna medida, el tamaño del aparato responde a la envergadura e importancia de la operación que realiza, pero el fondo del problema está en el modelo centralizado que nadie ha querido o ha podido modificar. La sola subsistencia y el mantenimiento de cierto orden dentro del aparato consumen más del 90% de los recursos y del tiempo de los funcionarios.

Gobiernos van, gobiernos vienen, cada uno con sus propios planes y programas, pero todo sigue básicamente igual. Es y será una especie de misión imposible mientras no se rompan algunos moldes que funcionan como camisas de fuerza, aprisionando toda la energía, creatividad y buena voluntad que ciertamente existen en miles de maestros y directores escolares. Desde tiempos inmemoriales, tenemos un sistema educativo que privilegia el control y las soluciones estandarizadas, en detrimento de la innovación, la diversidad y el pensamiento estratégico.

La nueva Ministra está poco menos que horrorizada por lo que ha encontrado durante sus primeras semanas de inmersión en el cargo. Eso es bueno. Se da cuenta de que algunas o muchas cosas deben cambiar drásticamente antes de siquiera proponerse un determinado plan empezar a lograr mejores resultados educativos. Según sus recientes declaraciones, uno de los primeros cambios que intentará realizar toca al estamento directivo de la organización ministerial, para rectificar arbitrariedades del pasado y asegurar una masa crítica de aliados en la toma de decisiones y en la ejecución de los programas. Muy buen primer paso, porque una sola golondrina no hace verano.

Los directores generales de área dentro de la administración central, igual que los directores departamentales y los directores de centros educativos tienen roles demasiado importantes como para seguir permitiendo lo que en tiempos pasados fue práctica generalizada: arbitrariedades e intereses ajenos a la educación como criterios de facto en la selección de muchas de las personas que se desempeñan en esas posiciones.

La Ministra anunció que va a revisar cómo fueron seleccionados los directores en las administraciones pasadas. Al hacerlo, encontrará que existe una normativa vigente para esos procesos y hasta un examen de conocimientos. Es muy posible que muchos de esos directores hayan sido nombrados con apego a la legalidad en los aspectos meramente formales, pero no por ello puede descartarse la posibilidad de que se hayan doblado las leyes para recompensar lealtades políticas o para beneficiar a parientes y amigos. Así ha funcionado siempre el ejercicio del poder al interior de cada feudo en el aparato estatal.

Pero además la Ministra deberá enfrentar otro problema. En las escuelas que tienen buenos directores, que no son tan excepcionales como se piensa, la autoridad y el liderazgo de los mismos se ven limitados por una mala legislación. La Ley de la Carrera Docente y sus reglamentos no les permiten a los directores escolares mayor participación en la selección de sus equipos docentes, ni en la sustitución oportuna de los maestros que, por desmotivación o incompetencia, no cumplen satisfactoriamente sus responsabilidades.

Tanto en el caso de los directores departamentales como en el de los directores escolares, el desafío no se reduce a eliminar la corrupción o hacer una mejor selección de quienes desempeñan esos cargos. Debe revisarse a fondo el rol de los directores en función del logro de avances significativos en la calidad de la educación, y debe revisarse el marco jurídico que regula su formación, contratación, evaluación y remuneración.

Esto nos remite a otra de las lúcidas declaraciones que dio hace unos días la ministra de educación. Se refirió a la urgente necesidad buscar consensos para una reforma del marco jurídico de la educación. La nueva legislación debe rescatar todo lo bueno que había en el ensayo de autonomía escolar que promovió el programa Educo. Debe considerar formas diferentes y más flexibles para la selección, contratación y remuneración de los directores escolares y sus equipos docentes.

Los que hemos trabajado en las aulas y continuamos trabajando con directores y maestros a lo largo y ancho del país  sabemos que, en igualdad de otras condiciones, los directores y directoras de escuelas e institutos pueden marcar importantes diferencias en los logros educativos si cuentan con los necesarios apoyos y se les permite y exige un rol más determinante en la conducción de sus centros escolares. En ese sentido, la Ministra está comenzando con buen pie un difícil camino en la dirección correcta.