Con el control absoluto de la Asamblea Legislativa obtenido en las elecciones del 28 de febrero, teóricamente el ganador podría abandonar su estrategia de erosionar la institucionalidad democrática del país, por que ahora será él quien la controlará. Podría suspender también los ataques y el acoso contra la oposición, porque ya está derrotada y diezmada. Podría cambiar de actitudes y discurso y convertirse en un estadista autócrata benévolo que aprovecha su poder para comenzar a resolver los problemas del país.
Esto no va a pasar. No está en el ADN del gran ganador de estas elecciones, Nayib Bukele. Y no está en la lógica de su proyecto, que no es político, ni ideológico ni social, sino llanamente de poder. La primera pequeña muestra de esto: el intento prepotente y potencialmente violento del gobierno (no del partido oficial, sino directamente del gobierno) de imponer su voluntad y sus métodos en el escrutinio final que organiza el Tribunal Supremo Electoral con los partidos participantes en las elecciones. Bukele mandó a la mitad de su gabinete a batallar y armar berrinches en el escrutinio. Pero, ¿cuál batalla, si nadie les estaba negando la victoria? Ya no es una batalla por un par de votos más, es la batalla por mostrar quién manda. Así surge la absurda situación donde los ganadores acusan al árbitro de fraude y los derrotados aceptan los resultados...
El objetivo: Quitarle autoridad al Tribunal Electoral. Así como hicieron todo lo posible e imposible para desacreditar la Asamblea Legislativa como institución para poder derrotar a los partidos ahí representados.
Sería ingenuo pensar que este presidente, luego de sistemáticamente hacer uso extralegal de su poder para perseguir sus propósitos de control, no hará uso de todo el poder formal obtenido en estas elecciones para deshacerse de los mecanismos de control que la Constitución pone al gobierno. Siempre he sostenido la tesis que los políticos autoritarios van a llegar tan lejos en el camino a la dictadura como la sociedad les permite. Bueno, ahora los votantes le han dado una mayoría parlamentaria que le permitirá gradualmente tomar control de la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, la Procuraduría de Derechos Humanos.
Y ojo, la mayoría del 50% que votó dieron este poder no a un partido con cierta institucionalidad propia, que teóricamente podría traducirse en mecanismos de control sobre los gobernantes, sino a Bukele como persona y como líder. Y los que decidieron no ejercer su derecho al voto permitieron que esto pasara.
Luego de ver por más de un año como Bukele abusó su poder para pasarse encima de la Constitución y convertir a la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en instrumentos al servicio del presidente y su partido, ¿cómo pensar que el poder casi absoluto, que ahora ha obtenido en las elecciones, sólo lo va a usar dentro del marco de lo previsto en la Constitución?
Ejemplo: Dentro del marco constitucional, los diputados fieles al liderazgo de Bukele podrán usar su mayoría calificada para elegir a los próximos cinco magistrados de la Corte Suprema. No tienen que negociar su elección con nadie más, ni con la minoría opositora en la Asamblea, ni con la sociedad civil. Hasta ahí están respaldados por la Constitución. Pero no tengamos duda: Van a aprovechar la nueva correlación de fuerzas en el pleno de la Corte para deshacerse de la Sala de lo Constitucional, que tanto odian, porque pone límites al poder del presidente. Siguiendo las reglas constitucionales, esta nueva Asamblea sólo va a cambiar a uno de los cinco magistrados de esta Sala, los demás tienen un mandato hasta el 2027. Pero una vez que han instalado a 5 magistrados afines al gobierno, estos van a proceder a cambiar la composición de la Sala de lo Constitucional, aunque esto sea inconstitucional. El nuevo pleno lo va a hacer, la nueva Sala va a tomar posesión y rechazar cualquier demanda de inconstitucionalidad que se haga contra esta maniobra. Punto.
Igual con la elección del fiscal general. Por supuesto, la bancada de Nuevas Ideas puede elegir al fiscal que Bukele quiera – y es legal. Aunque no será legal que este fiscal use su poder para perseguir a opositores y proteger a corruptos dentro del actual gobierno. Igual lo van a hacer, simplemente porque no hay nadie que lo puede evitar o corregir. E igual el fiscal escogido por Bukele va a poner a la CICIES a hacer o legitimar el trabajo sucio. Punto.
La hermosa cereza encima de este pastel será una nueva Constitución, que ya no ponga obstáculos a la permanencia de Bukele o sus familiares en el poder después del 2024. Fabio Castillo y Félix Ulloa pueden jurarnos que esta no es la intención de su comisión de reforma constitucional, pero al final no serán ellos, y ni siquiera los partidos Nuevas Ideas y GANA, quienes decidirán sobre lo que la nueva Asamblea hará con la Constitución. Será únicamente el señor Bukele. Y se hará su voluntad.
No escribo todo esto para asustar o desanimar a nadie. Lo digo para que sepamos lo qué viene y para que como sociedad civil nos preparemos a resistirlo. Aunque en una correlación de fuerzas más desfavorable, sigue válida la frase: Solamente podrán avanzar en el camino a una dictadura hasta donde nosotros les permitamos.
Periodista.