El gobierno ha emitido un mandato de seguir pagando sueldos y una prohibición de despedir gente aunque los empleados no lleguen a trabajar, aunque sus ventas caigan a cero, y aunque no tengan materiales para producir. Estos mandatos y prohibiciones tienen dos problemas. Uno es que son inconstitucionales. Dos, están basados en la impresión totalmente errónea de que las empresas tienen suficiente dinero para pagar salarios por más de un año, quizás tres años, sin tener ingresos. Esta impresión, a su vez, parece estar basada en una mala lectura de los estados financieros de las empresas. Muchas de ellas pueden tener activos que son mayores que los salarios que pagan anualmente. Pero sólo una parte muy pequeña de estos activos son dinero en efectivo, que es con lo que se pagan los salarios, y todos los gastos y erogaciones. La inmensa mayoría de esos activos están inmovilizados en maquinaria, equipo y otras cosas que son necesarias para la producción. Esas cosas se convierten en efectivo conforme van contribuyendo a la producción por varios años, como una máquina que genera efectivo al irse vendiendo lo que con ella se ha producido.
La única manera de convertir en efectivo un activo así para poder pagar los salarios de empleados sin que haya producción y ventas es venderlo en el mercado. Pero esto tiene dos problemas. Uno es que, ¿quién va a querer comprar estas maquinarias en una crisis? El otro, más importante, es que al vender sus maquinarias la empresa estaría dejando ir los medios que tiene para producir y dar empleo. Es decir, estaría pagando sueldos vendiendo lo que le da la capacidad de pagarlos. Sería como alimentarse comiendo uno su propia pierna.
La realidad indica que las empresas no pueden sobrevivir sin despedir gente por más de unas cuantas semanas, y en muchos casos por unos cuantos días. En todos los casos, lo único que pueden hacer para sobrevivir es despedir gente y tratar de invernar para poder volver a producir cuando la crisis haya pasado. La rapidez de este efecto puede verse no sólo en una economía como la nuestra sino también en economías muy poderosas. El signo más ominoso que puede verse es el aumento violento de reclamos para beneficios de desempleo en Estados Unidos, que saltó de 282,000 a 3.3 millones hace una semana como resultado del coronavirus.
Igualmente, anteayer Canadá duplicó su paquete fiscal para ayudar a las empresas y trabajadores, advirtiendo que se venían tasas enormes de desempleo. El Reino Unido, Dinamarca y otros países han establecido programas que transfieren subsidios a las empresas para que éstas puedan pagar los salarios porque saben que esto va a pasar y que, aunque son programas carísimos, son más baratos que dejar que se desmorone el sistema productivo del país y se genere un desempleo enorme, complicando infinitamente el problema ya grave del coronavirus.
El gobierno tiene que realizar que en Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, y tantos otros países que están tratando de salvar sus empresas, también hay gente tan lista, cool y preparada como la que está ahora en el gobierno de aquí, y que por algo se preocupan por este problema, y que por algo han optado por subsidiar al empleo a través de las empresas para evitar que éstas colapsen y se les genere un caos social.
Viendo esto, el gobierno no debería de tomar la postura del rey Canuto, que se paró frente al mar y ordenó a las mareas detenerse. El ordenar a las empresas que paguen salarios cuando no tienen de dónde hacerlo es lo mismo. Si siguen con su idea de que con solo emitir un decreto la economía va a subsistir, se enfrentarán con otra curva exponencial: la de los desempleados sin ingresos, que, como el virus, transmiten su desgracia al no poder consumir por falta de recursos, con lo cual causan que otras empresas quiebren y dejen a mucha más gente sin empleo, y que esos a su vez, en un escalamiento progresivo, lleven muy rápidamente a la economía a un estado de caos. El gobierno parece creer que si esto se convierte en un caos político, podrá echarle la culpa al sector privado. En toda la historia no hay ningún ejemplo de una crisis de este tipo que no haya tenido malas consecuencias para un gobierno.
Si no puede hacer estos subsidios, entonces el gobierno debe levantar el aislamiento de la población, y ya, porque el hambre y la penuria económica van a ser mucho peores que el virus.