Fuera de la realidad

Lo que propone el gobierno no solo no soluciona el problema económico más serio de su vida independiente sino que lo agravaría, y para lograr este resultado negativo propone violar la Constitución.

Por Manuel Hinds
Máster Economía Northwestern

Mar 18, 2020- 20:53

El gabinete económico de emergencia presentó ayer verbalmente las ideas básicas del Plan de Respuesta y Alivio Económico ante la Emergencia Nacional contra el COVID-19. El plan consiste en la suspensión por tres meses de los pagos de energía eléctrica, del agua, de las cuotas del teléfono, cable e internet, de los créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y de emprendimiento; y de los créditos de las casas comerciales —en todos los casos sin generar mora, ni interés ni afectar la calificación crediticia. En los tres primeros casos también, lo no pagado se diluiría en un periodo de dos años, y en los otros dos casos los pagos se reanudarían después de 3 meses o, en el caso de las casas comerciales, en los meses que falten del crédito.
Estas medidas tienen tres problemas graves. El primero es que no se dirigen a resolver los problemas económicos que plantea la pandemia. El segundo es que cuatro de las cinco medidas violan flagrantemente la Constitución. El tercero es que agrava los problemas económicos que ya existen.

El problema económico fundamental del coronavirus
El problema más serio que plantea el coronavirus es que la inmensa mayoría de las empresas, de todo tamaño, no pueden sobrevivir por meses pagando salarios y otros costos sin tener ingresos porque su gente no puede ir a trabajar porque están restringidos a estar en su casa, o porque han cerrado sus locales, o porque se han caído las ventas. En ese caso, que es el general, las empresas tendrían que dejar de pagar sueldos, con lo que la población se quedaría encerrada en sus casas sin tener ingresos—una situación que a todas luces no puede durar más que unas horas sin que reviente en explosiones sociales y políticas.
La quiebra de las empresas no sólo dejaría a la gente sin empleo en los tres meses de la pandemia, sino después porque las empresas que les daban empleo habrían quebrado a pesar de que lo que las hizo quebrar (el coronavirus y las medidas tomadas para evitarlo) ya habría pasado. Es como dejar que una persona se ahogue sabiendo que el nivel del agua va a bajar en unos minutos.
Para evitar esto, el objetivo fundamental de la estrategia debe ser no cortar la conexión entre la población y las empresas, o entre la población y sus puestos de trabajo, cuando no puedan ir a trabajar debido al aislamiento que es esencial para derrotar al coronavirus. De esta forma, cuando pase la crisis, las empresas e instituciones que serán siempre necesarias, allí estarán para el momento de la recuperación.
Este debe ser el objetivo fundamental. Lleva implícita la protección a los trabajadores, el apoyo a las empresas y el mantenimiento de la cohesión social porque apoya al que apoye a todos.

La falta de solución en las propuestas del gobierno
El recorte de los costos de teléfono, agua, telecomunicaciones, préstamos comerciales, o incluso las cuotas de préstamos bancarios, obviamente no es suficiente para que las empresas puedan pagar los sueldos de todo su personal cuando no están trabajando por dos o tres meses. Para las empresas grandes y pequeñas esos costos son mucho más bajos que la planilla, y para las pequeñas el no pagar préstamos bancarios no es ninguna ayuda porque no los tienen.
Por el lado del trabajador, lo que propone el gobierno lo va a dejar peor. Le dejarán que no pague algunos costos por tres meses pero ni en ese momento ni después podrán comer porque las empresas habrán quebrado. Una vez ido el coronavirus ya no tendrán ni trabajo ni habrá empresas para que se lo den. Y tres meses sin ingresos para comer.

El resultado de no resolver el problema fundamental
Si se permite que esto pase, el resultado será una crisis económica para estudiar en las aulas, peor que lo que esta y muchos otros países han tenido, y comenzará en medio de la crisis del coronavirus, creando la tormenta perfecta. Porque la gente, sin empleo, sin dinero, encerrada, va a salir a protestar, y esas protestas, con hambre, es muy fácil que degeneren en violencia.
En ese momento, el gobierno se vería obligado a resolver el problema de la alimentación y los ingresos de los trabajadores, tarde, y ya sin empresas, o sin muchas de ellas, y en medio de una emergencia sobre otra emergencia. A ningún gobernante se le puede desear estar en esa situación.
Pero hay otro problema. Lo que el gobierno quiere hacer es inconstitucional.

La inconstitucionalidad del Plan
El Plan es inconstitucional porque vulnera acuerdos de pago establecidos en contratos entre privados, y por tanto va en contra del derecho de contratación, protegido por varios artículos de la Constitución, incluyendo principalmente los artículos 22 y 23. Vulnera también el principio constitucional que indica que los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los otros.
El gobierno no puede emitir un decreto diciendo que a usted no le van a pagar una deuda legalmente establecida o el pago de un bien o un servicio acordado entre las partes. No tiene derecho a hacerlo, ni tampoco a decir que atrasen en pago, porque eso es parte del acuerdo.

El agravamiento de la crisis
Finalmente, el gobierno estaría agravando la situación porque los pagos que al no realizarse estarían mejorando el flujo de efectivo de unos estarían a la vez agravando el de otros —las compañías que proporcionan los servicios de energía eléctrica, las telecomunicaciones, los créditos comerciales, y los bancos. Todas estas son actividades esenciales para el funcionamiento de la economía, y tensionar su liquidez en medio de otra crisis es sumamente peligroso.
En resumen, lo que propone el gobierno no solo no soluciona el problema económico más serio de su vida independiente sino que lo agravaría, y para lograr este resultado negativo propone violar la Constitución. Afortunadamente hay tiempo y separación de poderes para remendar este problema antes de que se dé.
Si la Asamblea hace su trabajo y el Ejecutivo comprende el error enorme que estaría cometiendo, el país se ahorrará una crisis económica innecesariamente grave y los tiempos turbulentos que vendrían si la gente descubre en medio de la pandemia que sus trabajos ya no existen porque sus empresas quebraron y no tienen ningún futuro.

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