El martes 8 de este mes pareció pasar sin pena ni gloria para la mayor parte de la población pero fue una fecha histórica en la lucha que se está llevando a cabo en el país entre el caudillismo y la institucionalidad democrática. El director de la policía, que había sido nombrado viceministro de Seguridad con el abierto propósito de darle inmunidad para que pudiera cometer impunemente varios delitos de los que la Fiscalía General de la República le acusa, se vio obligado a renunciar al cargo de viceministro ante la inminente decisión de la Asamblea de quitarle dicha inmunidad.
Esto parece poca cosa para declarar como histórica esa fecha. Pero hay varias razones que la vuelven clave en la lucha que, desde que subió al poder el actual presidente, se lleva a cabo entre dos maneras de gobernar el país: la institucionalidad democrática que se ha venido construyendo desde los Acuerdos de Paz para sustituir los gobiernos basados en la fuerza de las armas que prevalecieron en los años anteriores a la guerra, y otra reencarnación, en peor estilo, de esos regímenes en los que prevalecía la fuerza bruta.
Esta lucha, en contra de lo que piensan muchas personas, no es un evento abstracto, con consecuencias limitadas a discursos y declaraciones juradas. Es una lucha con consecuencias muy concretas en la vida de los ciudadanos y que se está llevando a cabo en dos grandes campos de batalla. Uno es el electoral. La otra se lleva a cabo en el marco de las instituciones democráticas que se formaron en el nuevo ambiente de la paz y que se han venido fortaleciendo durante las últimas tres décadas. Lo que pasó el martes ha sido un triunfo muy sustancial de las fuerzas que defienden la institucionalidad democrática. Es tan sustancial que podría llegar a ser el parteaguas en la lucha.
Para apreciar la magnitud de la victoria es necesario contemplar la estructura de la confrontación que se ha estado llevando a cabo entre estas fuerzas, en la cual el presidente, que es la única autoridad que existe en este gobierno, el único que toma decisiones, tira a sus subordinados a violar las leyes, obviamente con la promesa de que al hacerlo estarán bajo su protección, de modo que no les podrán hacer nada ni la Asamblea ni la Fiscalía ni ninguna de las instituciones democráticas. El que no haya podido evitar el daño que ahora espera al director de la policía, que probablemente será muy grave ya que enfrenta acusaciones penales que lo pueden mandar a la cárcel, tendrá sin duda consecuencias muy graves en su estilo de gobernar.
El impacto más fuerte es la pérdida de credibilidad del presidente en sus promesas de proteger a los que violen la ley en su nombre, que en el fondo evidencia la fractura de lo que constituye la fuerza de cualquier gobernante autoritario: su poder para imponer su voluntad aunque vaya en contra de la ley. El martes quedó claro que la ley es más fuerte que él, y este mensaje está llegando con gran velocidad y profundidad a todos los que habían creído que con él tendrían impunidad para violar, ellos también, la ley, si la violaban en nombre de él.
En este momento no es atrevido sospechar que muchos oficiales altos de las Fuerzas Armadas y de la PNC están conversando sobre este tema y sacando las únicas lecciones que pueden sacar del destino del director de la PNC. Hay un poder que ha mostrado ser más fuerte que el otro, y, si sus apuestas son al que tiene más poder (la filosofía con la que presidente actual los había seducido), tienen que cambiar sus apuestas de regreso al lado institucional. Lo mismo estarán pensando otros ministros, que habían pensado que eran omnipotentes porque el presidente nunca los tiraría a los leones y ahora ven que la promesa era falsa, y que los leones ahora están rodeando para aplicarle la ley a alguien que hizo lo mismo que ellos han hecho. Igual lo están pensando los que han estado del lado de las instituciones democráticas, que con esto han alcanzado una victoria que refuerza el poder de dichas instituciones.
Mientras menos oficiales y funcionarios estén dispuestos a arriesgarse a pasar años en la cárcel por cometer delitos mandados por el presidente, menos fuerza tendrá éste y más las instituciones democráticas, en un proceso progresivo. Y, al debilitarse, los ataques contra las violaciones de la ley dejarán de enfocarse en los subordinados para enfocarse en el presidente mismo.
Así, la lección no solo es para los que ejecutan las órdenes. El presidente ha violado varias veces la Constitución y comparte responsabilidades con muchos de sus subordinados en muchas violaciones de las leyes secundarias con implicaciones penales. Esta ha sido una señal muy clara. El presidente tendrá que obedecer a las instituciones. Es un parteaguas. El abuso del poder tendrá que dejar de subir y empezar a bajar.
El evento del martes insinúa la existencia de otro parteaguas, más sutil pero no por eso menos efectivo. La decisión de hacer que el director de la PNC renunciara al cargo que le daba inmunidad muestra las huellas de una mente mucho más clara y madura que la que hemos visto hasta ahora en el presidente, que muy probablemente hubiera mandado tanques antes de demostrar la debilidad que mostró al hacer que el director renunciara a la inmunidad.
Esa otra fuerza, que hasta ahora lo había dejado actuar como quisiera, ya parece haber pasado un parteaguas también. Ese mensaje sutil ya se está regando también.
Pero la defensa de la democracia no está ganada. Hay mucho por hacer. Ahora nos toca a todos los ciudadanos cumplir con nuestro deber: votar para apoyar a las instituciones que nos defienden del autoritarismo y el caudillismo, y para asegurar que están manejadas por gente que lo harán. La salvación de la República está a la mano. No hay excusa para no votar.