Recientemente se generó en los medios de comunicación una controversia que no debería de poder concebirse en una democracia liberal representativa. Varios representantes electos, sirviendo ahora en la asamblea y en alcaldías, de ARENA, el FMLN, GANA y otros partidos políticos, censuraron a los ciudadanos que estaban dando sus opiniones sobre la elección de varios magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil.
Según estos funcionarios, estas opiniones se interponían en debates en los que solo ellos tenían el derecho de participar. Más aun, Sus Majestades censuraron no sólo el atrevimiento de dar opiniones que pudieran contradecirlos a ellos sino también el inaceptable crimen de organizarse en grupos de la “sociedad civil” cuyo propósito, dijeron ellos acusatoriamente, es el de fiscalizar (¡que barbaridad!) a dichas majestades e influenciar sus decisiones.
Con estas vergonzosas intervenciones estos funcionarios demostraron que ignoran la esencia del régimen democrático en el que ellos sirven. Es, pues, importante explicarles a ellos las características más importantes de dicha esencia en términos que ellos puedan entender.
Hace muchos, mucho años, este régimen, llamado democracia representativa, quitó la soberanía a los autócratas medievales y la puso en el pueblo, que sustituyó a los autócratas con personas que los representarían a ellos, escogidos en elecciones periódicas. Este punto es crucial.
La democracia representativa no sólo sustituyó la manera de determinar quiénes ocuparían las posiciones en los gobiernos—de herencia se pasó a elecciones—sino también eliminó la figura del autócrata—no solo la del rey sino también la de condes y duques que ejercían autocracia en las localidades. Y en ese proceso, convirtió a los presidentes, primeros ministros, diputados, y otros funcionarios en sirvientes del pueblo.
Los señores que se sienten ofendidos de que alguien opine sobre lo que ellos hacen deben entender que desde hace cientos de años ellos ya no son duques ni condes, que no son autócratas electos sino sirvientes del pueblo, y que cuando les dicen mandatarios no es porque mandan sino porque tienen un mandato del pueblo para hacer lo que el pueblo quiere que se haga. Así, la palabra más adecuada para referirse a ellos cuando protestan porque el pueblo opina es que son “sirvientes respondones”.
Pero los respondones también ignoran que existe algo que se llama el Imperio del Derecho, que es lo que da estructura y solidez a la democracia porque protege los derechos del individuo contra, precisamente, los respondones que se creen que son Luis XIV porque ganaron una elección. Ignoran también que dentro de los derechos que protegen al pueblo está el que se consigna en la libertad de expresión.
Esta libertad es más importante, infinitamente más importante que cualquier respondón, por muy importante que él se crea. Y es precisamente por eso que la sociedad civil se interesa tanto en la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema en general, que tampoco son emperadores sino que deben garantizar ese y otros derechos ciudadanos.
Finalmente, los respondones también han demostrado que ni se fijaron que cuando tomaron posesión de su puesto juraron defender la Constitución, que no sólo consigna esta manera de gobernar al país sino que también defiende los derechos de los individuos que ellos quieren violar con la prepotencia que proviene de su fantasía de ser autócratas.
En su libro “Los amigos de Voltaire”, la escritora británica Evelyn Beatrice Hall acuñó, atribuyéndola a Voltaire, la cita siguiente: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Esta cita resume la esencia de la democracia, y deberían de saberla de memoria todos los funcionarios y ciudadanos del país.