Las cadenas CBS y Univisión han denunciado que no tiene antecedentes criminales la mayoría de los 238 venezolanos enviados a El Salvador contra la orden de un juez federal de Estados Unidos, al igual que otro grupo traído el pasado fin de semana.
Univisión informó que consultó la base de datos del poder judicial en Estados Unidos y encontró que solo 11 de los trasladados aparecen con antecedentes penales, lo cual contradice la versión del gobierno de Donald Trump de que todos son "monstruos" miembros de la banda delictiva Tren de Aragua.
Entre los detenidos figuran un padre de familia salvadoreño, un futbolista profesional con un tatuaje del Real Madrid, jóvenes a quienes sus familiares reconocen como personas de bien. Pero más allá de quiénes sean y si han cometido delitos o faltas –porque, aclaramos, no se trata de defender delincuentes ni al Tren de Aragua–, no es lícito ni civilizado venir a tirar a seres humanos a los calabozos de un país extraño, sin respetarles sus derechos, sin que un juez revise sus causas con arreglo a las leyes, que se les prive de ver a sus familiares y conocidos "per secula seculorum".
Estos atropellos, que dan vergüenza y espanto, van en contra de los tratados internacionales suscritos por El Salvador y de la misma Constitución, y son parte del mismo método aplicado a más de ocho mil inocentes salvadoreños detenidos bajo el régimen de excepción, que han permanecido presos hasta por meses y, aunque se les saque de prisión, siguen bajo la espada de Damocles del bukelismo. Más de 350 han muerto por efecto del encierro.
Igual rechazo provoca el juego de pingpong que se tienen altos funcionarios del trumpismo, que se lavan las manos diciendo que ellos ya no pueden hacer nada porque los trasladados "están bajo la jurisdicción de El Salvador", mientras que los carceleros bukelistas alegan que EE.UU. es el que tiene la última palabra.
¿Qué ganan manteniendo inocentes en la cárcel indefinidamente? ¿O es que temen demandas millonarias –sobre todo contra El Salvador – o incluso ante organismos como la Corte Penal Internacional si estas personas recuperan su libertad?
Porque una cosa es cierta: estos hechos pueden ser llevados ante tribunales internacionales y quienes hayan participado están expuestos a ser juzgados sin poder alegar la "obediencia debida" o que los obligaron. En El Salvador han tenido impunidad hasta ahora, pero todo puede cambiar en el futuro, lo mismo que en Estados Unidos, allá donde un solo individuo no puede acabar con la justicia, las leyes y la tradición democrática de 250 años.
Para resolver una aberración jurídica como esta, nos dicen especialistas del Derecho Internacional, El Salvador tendrá que liberar y repatriar a los extranjeros inocentes y permitir que una comisión de jueces internacionales venga a nuestro suelo, examine evidencias, hable con los otros y decida qué hacer con ellos.
La verdadera alternativa es que los jueces del Distrito de Columbia y de Boston, que ordenaron que no se sacara a los migrantes, puedan examinar sus expedientes y ordenar que regresen o los envíen a sus países natales, exceptuando a delincuentes comprobados.
Ni policías ni carceleros pueden imponer su "justicia"
El Orden de Derecho está por encima de lo que agentes policiales y carceleros por sí y ante sí dispongan, como lo hizo ver un juez de Nueva York que prohibió la expulsión de un estudiante propalestino de la Universidad de Columbia y casado con una ciudadana estadounidense que tiene ocho meses de embarazo.
Volvemos al predicamento en que se encuentran muchos venezolanos y seguramente de otras nacionalidades que inclusive por errores "administrativos" fueron detenidos, el equivalente a apresar a Juan Pérez, inocente, por llamarse igual que un delincuente, un hecho que ya se dio en las redadas de ICE...