No hay barrera más efectiva para impedir la entrada de riqueza a nuestro país (al igual que en muchos otros países) que las aduanas que a su antojo retrasan la entrega de bienes a sus destinatarios, piden una y otra vez la misma documentación y fijan, sacadas de la manga, al capricho, las tarifas para esto o aquello, asumiendo, sin motivo válido, el papel de “guardianes del bien común”.
La desagradable experiencia la viven los viajeros que vienen a El Salvador y traen recuerdos o regalos para sus familias o amigos. Los inspectores revisan el equipaje minuciosamente, no en busca de sustancias nocivas o materiales peligrosos —ya que esa tarea la desempeñan los perros que rastrean entre las maletas y bultos en vuelos o vehículos que cruzan la frontera—, sino para cobrar, dificultar el paso a bienes que agregan al bienestar del país, no en su perjuicio.
Hemos sabido de personas que recogen juguetes usados para repartir entre niños pobres, pero tienen que pagar o se los decomisan... Sin embargo, nadie explica hasta ahora cómo salió casi una tonelada de droga de El Salvador con destino a España y Nicaragua en sendos contenedores.
Supongamos, para el caso, que alguien trae la réplica de una obra de arte, un mueble hermoso o el ajuar de una novia que va a casarse.
Todo eso agrega a lo que es bueno, útil, que enseña, agrada, adorna. Pues al lado de lo que es de mal gusto pero que también tiene sus “fans”, entra lo elegante, gracioso, que da alegría.
Al menos en algún arranque de sensatez, rara entre las burocracias, se eximió de gravámenes la importación de equipos computacionales, de libros, de música e instrumentos.
En los otros casos lo propio es que se cobre un impuesto general, digamos un quince por ciento a lo que ingresa al territorio, más para sostener el aparato aduanero que para impedir la entrada de bienes, de riqueza, de bienestar.
No tiene sentido estorbar la entrada de los regalos que la diáspora envía a sus familiares en el país, de donativos diversos, de lo que, como decimos, suma al bienestar, no a lo que perjudica al conglomerado, como es el caso del contrabando por puntos ciegos y, de nuevo, el paso de la droga, lo que sostiene en gran medida a las bandas criminales.
Actualmente se sabe que un barco que debe llevar mercadería, en algunos casos perecedera, a Costa Rica debe pagar una multa por “contaminar” las aguas del país tras la caída accidental de una decena de contenedores.
El proteccionismo daña a la gente aunque beneficie a unos pocos
El asunto toca lo relacionado al proteccionismo, de si es beneficioso para un país proteger la producción interna de la competencia, o si hacerlo vía impuestos daña la eficiencia de nuestros productores y, especialmente, de los consumidores, del público.
Hay industrias, productos, que son muy sensibles al “dumping”, a prácticas dirigidas a arruinar a los productores de un país vendiendo casi al costo lo que economías más fuertes producen a gran escala, como se da con la importación de bienes de consumo como calzado o ropa.
Un caso muy particular en Centro-América es el de Costa Rica, que pone barreras a la importación para proteger lo que son monopolios, con el resultado de que es más costoso comprar quesos en Costa Rica, que adquirirlos en Panamá o en el resto de la región.
Pero desde cualquier perspectiva, altas tarifas “sacadas de la manga”, al capricho como aquí en El Salvador, no benefician al conglomerado, sino que lo perjudican, agregan a las penurias que sin pausa sufre la gente en este país, hundido en una pesadilla kafkiana.
Y la gran interrogante sigue siendo también cómo se mueve droga en el territorio, que va a dar a otros países vecinos o a Europa y se tiende un manto de silencio oficial sobre el asunto...