Seis de cada diez personas en El Salvador piensan que criticar al actual gobierno puede acarrearles "consecuencias negativas", según la más reciente encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Por otra parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que, efectivamente, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en El Salvador se duplicaron entre 2023 y 2024, alcanzando un total de 789 casos, lo que representa un incremento del 154%.
En efecto, más de 40 periodistas han tenido que ir al exilio por amenazas y agresiones directas.
La encuesta de la UCA también revela que la población resiente la situación económica, el desempleo y el acceso a vivienda, pero a la vez confiesa que teme criticar o demandar una rendición de cuentas a los responsables porque le puede ir mal.
De acuerdo con el sondeo, "48 de cada 100 ciudadanos" consideran que las consecuencias negativas que puede sufrir una persona por criticar al gobierno es ser "detenida o encarcelada".
De ahí también queda la duda sobre el resto de encuestados, que opinó que era “poco o nada probable” sufrir represalias por criticar al régimen.
Al menos cinco críticos contra el gobierno, entre ellos los abogados Ruth López y Enrique Anaya —columnista de este periódico—, han sido apresados. Los otros son un dirigente comunal, un pastor evangélico y un activista de derechos humanos que denunció el horror de los gulags del régimen.
Bajo los despotismos las respuestas libres en las encuestas son casi imposibles, por una sencilla razón: el "encuestado" no sabe si al exponer su opinión sincera, eso llegue, por ejemplo, a oídos del chofer colombiano Maduro, ahora cabecilla de la dictadura venezolana, o de los secuaces de Ortega o de la soldadesca al servicio del dictador.
La libre expresión está en peligro en el mundo
Andar opinando con el corazón en la mano es, en los actuales tiempos, solo posible en una arraigada democracia "y nada más".
Véase lo que actualmente sucede en la nación del norte, cuna de la más antigua democracia mundial contemporánea: si a un viajero con visa de turista al escudriñarle en teléfono encuentran un frase derogatoria de la administración o de alguno de sus funcionarios o amigos muy cercanos, con mucha suerte solo le evitan la entrada y lo envían con sus bártulos de vuelta, pues lo peor es que "ICE" lo despache a África o a la Isla
de Guantánamo, como está sucediendo con los cubanos que no los quieren de vuelta en Cuba y están, literalmente, flotando entre cielo y tierra.
Cosas como estas eran posibles hasta hace un tiempo en repúblicas del Tercer Mundo, pero no en el país modelo de tolerancia y pleno respeto de leyes y derechos.
Por decisión de la Suprema Corte, las autoridades migratorias pueden hacer deportaciones hacia países que no son los de los afectados y los jueces federales ya no pueden emitir resoluciones con alcance nacional que limiten al gobierno.
Lo que más asombra y espanta es que "se ha ordenado" cancelar las visas de estudiante concedidas a muchos jóvenes extranjeros; el mismo Secretario de Estado Rubio, hijo de
inmigrantes cubanos pero nacido en Estados Unidos, ya dijo que están cancelando las visas a un ritmo de cien por día, jóvenes que pagan la plena escolaridad, que no reciben recursos más que los propios.
Aunque a regañadientes, el gobierno federal aún apela a la bicentenaria Constitución y pelea en los tribunales sus decretos, a diferencia de lo que sucede en nuestro suelo, donde la Carta Magna se ignora, es letra requetemuerta...
Canadá ofrece tomar a los estudiantes rechazados en universidades estadounidenses sabiendo que se trata de un gran potencial de mentes que sobresalen, de personas que buscan superarse en sentido intelectual, social y humano, gente que enriquece a las naciones con su talento, su buena ambición y su disciplina...