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Duras penas para 11 jóvenes, un mensaje para el resto

Independientemente del proceso sobre el caso, es claro que el régimen está enviando un mensaje para todos, así como cuando encarceló a ocho mil personas a las que no les pudo comprobar delito

Por El Diario de Hoy | Feb 03, 2025- 19:57

El régimen está enviando un mensaje para todos, así como cuando encarceló a ocho mil personas a las que no les pudo comprobar delito

"Sembrar el terror" es, como afirma el cardenal Rosa Chávez, uno de los objetivos de la dictadura, ensañándose contra personas y grupos que capturan indiscriminadamente, en este caso 11 estudiantes de la colonia La Nueva Cruzadilla, de Usulután.

En el proceso se les imputó intentar reactivar una clica de la Mara Salvatrucha en la colonia La Nueva Cruzadilla y pintar grafitis alusivos a esa pandilla en varios inmuebles de la zona, incluyendo los pasillos de la escuela. Pero, según sus familias, los jóvenes estudiaban y trabajaban en el momento en que fueron capturados acusándolos de supuestos "vínculos con agrupaciones ilícitas o pandillas", cargo que no se pudo demostrar porque ni los agentes captores no pudieron confirmar los hechos ni hubo testimonios incriminatorios.

Pese a su edad y al testimonio de sus familiares, un tribunal los condenó a 10 años de prisión, cinco en un centro de menores y cinco con libertad restringida.

Independientemente de lo vertido en el proceso, es claro que el régimen está enviando un mensaje para todos, de la misma manera que metió a la cárcel a ocho mil personas a las que no les pudo comprobar su pertenencia a pandillas y luego tuvo que liberarlas, sin compensarles sus honras, sus trabajos, el daño a sus familias.

La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, declaró que informarán al sistema de Naciones Unidas, además de interponer todos los recursos de apelación en los tribunales salvadoreños. "Se sabe que lo único que lleva Fiscalía para probar la pertenencia a una estructura criminal (de los jóvenes) es el acta policial, que está llena de mentiras, el análisis situacional de una pandilla en un territorio y el estudio socioeconómico, que en este caso salíó a favor de los adolescentes".

El caso tiene reserva o secreto judicial total, pero de forma extraoficial se conoció que la sentencia se emitió con base en la declaración anticipada de un "testigo criteriado", que no se presentó a declarar en los tres días de juicio por supuestas dolencias de salud, según los familiares de los jóvenes. 

Los familiares de los estudiantes mostraron su desacuerdo con la decisión del juez porque consideran que durante el juicio no se demostró la participación de sus hijos en los hechos que les imputaron y manifestaron que incluso el testigo ofrecido por la Fiscalía no se presentó en ninguno de los tres días que duró el juicio.

Las madres que estuvieron en la audiencia judicial relataron que en el segundo día de juicio los especialistas del Instituto de Medicina Legal, encargados de hacer los peritajes psicosociales, declararon que habían entrevistado a entre cuatro y diez personas por cada uno de los imputados y que en la mayoría de los casos los entrevistados manifestaron que se trataba de adolescentes que no tenían ningún vínculo con las pandillas, sino de jóvenes que se dedicaban a estudiar y a trabajar.

Asimismo los agentes policiales que realizaron las capturas al ser cuestionados si habían visto cuando los jóvenes hicieron los grafitis alusivos a las pandillas, aseguraron que no. 

Cada día nuestra capacidad de asombro se desborda: los horrores se superan...

Nada cuenta en descargo de personas capturadas, muchas de ellas por el simple hecho de indagar por un familiar detenido, su estado de salud, o por el hecho de estar frente a un penal: la consigna parece ser no dar información, sin que las personas sepan si preguntar por un familiar detenido no lo expone a que sea vejado, pues no hay ninguna empatía por los detenidos.

Tal hecho se muestra con la petición de un fiscal, por supuesto que obediente a las directrices del régimen, que pidió una condena de cuarenta años al preso político Ernesto Muyshondt, como continúa detenido en una cárcel de "máxima seguridad" el exsuegro del saqueador Mauricio Funes, que no es amenaza para nadie pero que ponerlo en libertad es impensable para un régimen que se regodea de violar permanentemente los derechos humanos.

Dejar a los jóvenes en libertad, aunque sea bajo vigilancia, es lo procedente, no ensañarse con ellos, arruinar sus vidas por la política, como lo señala el cardenal, de "sembrar el terror"...

El caso tiene reserva o secreto judicial total, pero de forma extraoficial se conoció que la sentencia se emitió con base en la declaración anticipada de un "testigo criteriado", que no se presentó a declarar en los tres días de juicio por supuestas dolencias de salud, según los famiiares de los jóvenes. 

Los familiares de los estudiantes mostraron su desacuerdo con la decisión del juez porque consideran que durante el juicio no se demostró la participación de sus hijos en los hechos que les imputaron y manifestaron que incluso el testigo ofrecido por la Fiscalía no se presentó en ninguno de los tres días que duró el juicio.

Las madres que estuvieron en la audiencia judicial relataron que en el segundo día de juicio los especialistas del Instituto de Medicina Legal, encargados de hacer los peritajes psicosociales, declararon que habían entrevistado a entre cuatro y diez personas por cada uno de los imputados y que en la mayoría de los casos los entrevistados manifestaron que se trataba de adolescentes que no tenían ningún vínculo con las pandillas, sino de jóvenes que se dedicaban a estudiar y a trabajar.

Asimismo los agentes policiales que realizaron las capturas al ser cuestionados si habían visto cuando los jóvenes hicieron los grafitis alusivos a las pandillas, aseguraron que no. 

Cada día nuestra capacidad de asombro se desborda: los horrores se superan...

Nada cuenta en descargo de personas capturadas, muchas de ellas por el simple hecho de indagar por un familiar detenido, su estado de salud, o por el hecho de estar frente a un penal: la consigna parece ser no dar información, sin que las personas sepan si preguntar por un familiar detenido no lo expone a que sea vejado, pues no hay ninguna empatía por los detenidos.

Tal hecho se muestra con la petición de un fiscal, por supuesto que obediente a las directrices del régimen, que pidió una condena de cuarenta años al preso político Ernesto Muyshondt, como continúa detenido en una cárcel de "máxima seguridad" el exsuegro del saqueador Mauricio Funes, que no es amenaza para nadie pero que ponerlo en libertad es impensable para un régimen que se regodea de violar permanentemente los derechos humanos.

Dejar a los jóvenes en libertad, aunque sea bajo vigilancia, es lo procedente, no ensañarse con ellos, arruinar sus vidas por la política, como lo señala el cardenal, de "sembrar el terror"...

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