La indignación se ha apoderado de los nicaragüenses al saber que la dictadura de Ortega paga más de cuatro mil dólares mensuales a Funes y su hijo, pese a las acusaciones que hay en su contra en El Salvador por el saqueo de 351 millones de dólares de las arcas del Estado en el primer gobierno del FMLN.
Según el periódico del vecino país Confidencial, Funes recibe 2,739 dólares, y su hijo, 1,400 dólares al mes, salarios “entre tres y seis veces más altos que el salario mínimo promedio de los nicaragüenses, sumidos además en una crisis política, social y económica tras la matanza y represión orteguista contra las protestas ciudadanas, que ha dejado a casi medio millón en el desempleo”.
Al hecho de que les concedió asilo político —aunque la legislación internacional lo niega para acusados de crímenes comunes y más de corrupción— ahora se suma que les pagan con el dinero de los impuestos del masacrado pueblo nicaragüense.
Mientras tanto y pese a todas las evidencias, hay resistencias en la Interpol para colocar a Funes y su grupo en la lista de difusión roja, como lo han solicitado los tribunales salvadoreños.
Lo usual en estos casos es que inmediatamente ordenan la localización y control del prófugo, pero en este caso ha habido toda clase de trabas, desde tropiezos y extravíos en la oficina local de Interpol hasta explicaciones confusas desde Francia.
La organización ha argumentado que Funes y su grupo gozan de “asilo político”, pese a que, como ya lo dijimos, los convenios internacionales no lo aplican para casos de criminalidad común, pero tampoco se descarta la influencia de izquierdosos que se están prestando a entorpecer la justicia en el caso del “robo del siglo” en El Salvador.
Lo que está claro es que pesa más lo que dice el dictador Ortega que toda la evidencia y las peticiones de los tribunales salvadoreños.
Es como lo que está pasando en Venezuela: Maduro hace y deshace con el país, pero nadie se atreve a frenarlo. Con toda seguridad no ocurriría lo mismo si fuera Pinochet o Stroessner, a los que las izquierdas en Chile y Paraguay persiguieron hasta la muerte.
De la misma manera y haciéndole el juego a la impunidad, los de su partido efemelenista le aconsejaron a Funes huir a Nicaragua, pero después les tocó pagar la factura en las pasadas elecciones.
Nicaragua se sume cada vez más en la pobreza bajo los Ortega
Se informa que aproximadamente 415,000 nicaragüenses han perdido sus empleos (o aceptado menores salarios o peores condiciones laborales) en los últimos trece meses, como reflejo de la crisis en que se encuentra sumido ese país.
“Por eso, a muchos les ha dejado un sabor amargo el enterarse de que dos prófugos de la justicia salvadoreña son asalariados del gobierno nicaragüense, obteniendo sueldos que la mayor parte de sus ciudadanos no puede siquiera imaginar”, escribe el periodista Iván Olivares.
A lo anterior se agrega el hecho de que la Cancillería nicaragüense, en cuya planilla aparecen los reclamados por la justicia, no dice qué funciones desempeñan, por lo cual es fácil inferir que ni siquiera laboran, aunque Funes alega que es “consultor”.