En un Estado democrático la gente tiene derecho a elegir a sus gobernantes, pero si se equivoca, tiene que aguantar las consecuencias, desde saqueadores, asesinos y charlatanes, a personas que cumplen con su promesa de servir al pueblo y no servirse del pueblo.
Es natural que cada nuevo gobierno nombre en muchos cargos y posiciones a gente de su confianza, pero abusar de esa facultad no concede el privilegio de ser inamovibles una vez que se terminen las funciones del mandatario.
De no ser así el sector público se inflaría a extremos insostenibles, pues en el caso salvadoreño tendríamos que acarrear con las burocracias de los regímenes militares, de las nefastas juntas, del duartismo y así sucesivamente a hasta hoy.
Una diputada comunista protestó en un programa por el despido de su hijo, que en teoría se desempeñaba como jefe de innovación tecnológica en Casa Presidencial, la cual durante el finalizado periodo se conoció por muchos dislates y barbaridades, pero no “por innovación tecnológica”. O el mencionado llegó a vacacionar o no le hacían caso; si sus credenciales son las que le atribuyen, no tendrá problema en emplearse en nuestro país o en cualquier otro.
El problema del pasado desgobierno, el peor hasta la fecha de nuestra historia, fue el abuso en todos los campos, comenzando por la “creación” de cuarenta y tantas mil plazas que se ha denunciado eran para sostener parásitos, activistas, parentelas y amigatelas, además de usar dinero de los contribuyentes para andar como valijas en distintos lugares del mundo, en muchos casos “exóticos destinos”.
De acuerdo con la diputada, el país no podría tocar a nadie de esa rémora, pues “tienen derecho al trabajo”, un derecho que no reclaman los centenares de miles de salvadoreños afectados por las torpes y mal intencionadas políticas del régimen saliente.
Si son tan capaces, ¿por qué no compiten por el cargo?
Hace pocos años, durante la cleptocracia del régimen de Funes, un barbuchín que metió a mucha de su parentela en puestos públicos, colocó a su hijo en la Corte, alegando que era “un excelente abogado”.
En ese entonces dijimos que excelente o no, estaba donde estaba, no por sus credenciales profesionales que no vamos a discutir, sino por ser hijo de papi. Y ese es el problema del nepotismo en cualquier régimen que cae en tal vicio: que no se nombra a la gente más calificada para los puestos públicos, o se da oportunidad a todos los que estarían interesados a ocupar esos puestos escogiendo a los más calificados en pruebas objetivas, sino que se procede a dedo: son los grandes dedazos los que asignan cargos.
Cuando la diputada habla del “derecho al trabajo” no es un derecho a eternizarse en un puesto público, a hacerse brocha como popularmente se dice, sino a competir en igualdad de circunstancias con otros, con parentelas y no parentelas.
Tenemos todos derechos esenciales, como ser libres, poder expresarnos, definir nuestros destinos como se consignan en los derechos y deberes de los ciudadanos de la Revolución Francesa y la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Derecho a defender esos derechos, como derecho asimismo a defender nuestro orden democrático y representativo, pero no derecho a que nos sostengan en puestos públicos por ser parientes de alguien.