El Gobierno de El Salvador gestiona préstamos por más de 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según se ha informado oficialmente, para programas financieros, de atención a la infancia y turismo, pero es innegable que esto agregará a la creciente deuda externa que pesa sobre el país y que se calcula en 16,810 millones de dólares.
Hay que reflexionar que esos millones en nuevos créditos no agregan a la riqueza nacional, pues equivalen a “meter más agua en la sopa”, a elevar los precios de todo eventualmente y beneficiar en gran medida a los grupos que reciben o administran los préstamos, se trate de entidades gubernamentales o las oficinas que manejan los créditos.
Los préstamos se deben pagar y en algún momento pueden convertirse en nuevos impuestos sobre la generalidad, precisamente aquellos a quienes les cayó el palo al suscribirse el primer desembolso pero que no estaban en línea para gastar ese dinero.
Hagamos una suposición: un agente externo otorga un préstamo por cincuenta millones de dólares para construir una nueva carretera. El dinero se desembolsa a las entidades involucradas en el diseño y la ejecución del proyecto, lo que incluye desde el costo de consultorías hasta el pago de los trabajadores en el campo.
El préstamo evitó que la Asamblea decretara un nuevo impuesto, o que Hacienda fuese forzada a cortar recursos de otros programas para pasarlos a Obras Públicas (maña de la que se valieron los rojos durante el decenio cleptómano cuando con toda desfachatez movían fondos de unos rubros a otros. Sólo hay que ver cómo la Unión Europea ha acusado a Funes de desviar millones en fondos de la cooperación de esos países).
Pero al recibirse un préstamo, Hacienda no tiene que erogar fondos para la obra. El crédito se usa para lo anunciado y ¡santas pascuas! Que luego las tortillas, el costo de vivir, las oportunidades de encontrar empleo sufran, es otro asunto, en el sentido de que la población no asocia una cosa con la otra. Si el proyecto para el cual se usa el préstamo contribuye a mejorar la eficiencia de los movimientos comerciales en las zonas donde la nueva carretera va a operar, todos salimos gananciosos; si, en cambio, se trata de obras mal pensadas y peor ejecutadas como lo que sucedió con el gran hoyo de El Chaparral, todos salimos perjudicados, menos los que se embolsaron nuestro dinero.
Todo proyecto u obra pública se debe analizar ampliamente
Muchas obras gubernamentales aquí y en distintos países se realizan únicamente para ganar ventajas políticas aunque no sean de beneficio real, como aeropuertos que luego quedan en abandono, carreteras hacia ninguna parte, programas de defensa que luego resultan obsoletos, como los billones gastados por Arabia Saudita en defensas antiaéreas que se han vuelto inútiles en la era de los drones de bajo costo como los que presuntemente usó Irán para destruir pozos de petróleo en el Reino.
¿Cuál es la lección que esto nos enseña? Que todo programa de un gobierno, todo préstamo, toda iniciativa se debe analizar y discutir públicamente para evitar descalabros como los citados, o los robos de los rojos con sus préstamos “para el desarrollo” que han dejado un agujero negro enorme en la economía nacional. Préstamos, hay que agregar, que en ocasiones se gestionaban por “el hombre del carterón negro”.
Recomponer a El Salvador solo se logrará con el concurso de las personas que piensan, analizan, debaten, que ofrecen alternativas.