El presupuesto, se informa, “está desfinanciado”, por lo que se requerirá contraer más de setecientos millones de deuda adicionales, lo que se suma al enorme compromiso que ya tiene el país, alrededor de veinte mil millones de dólares.
Setecientos y tantos millones equivalen a un poco menos de la tercera parte de lo sustraído por los tres gobiernos previos al fondo de retiros de la Nación, por lo que esa capacidad de recibir préstamos no debe usarse para balancear un presupuesto que de seguro es artificialmente inflado, sino para comenzar a recomponer el fondo de pensiones, para que nuestros trabajadores y cotizantes no pasen miserias al jubilarse.
Setecientos millones es el equivalente al costo calculado para arreglar el gran hoyo de El Chaparral, el agujero infame de Funes, por lo que la petición del Ejecutivo equivale a cargar sobre las espaldas de los salvadoreños otro El Chaparral, lo que haría año con año si no se descarta la inaudita pretensión.
¿Quiénes y cómo pagarán esa deuda? La pagará el conjunto de los pobladores en esta tierra, los que viven, sus hijos y de seguro hasta sus nietos; la pagarán los pobres, las familias de clase media, campesinos y elegantes personajes, los que a duras penas salen adelante cada mes cenando sopas de sobrecito.
¿Qué hace la mayoría de personas cuando lo que gana no alcanza a cubrir lo que quisiera tener y hacer? O recurre a las tarjetas de crédito metiéndose en un callejón sin salida que puede aniquilarlo, o se aprieta el cincho.
Pedir no cuesta nada, aunque lo que se pida sea una desfachatez. Pero como solía decir doña Mercedes de Altamirano, si al que pide no le da vergüenza hacerlo, tampoco debe dar vergüenza denegar la petición, en este caso a los diputados y la opinión pública y respondiendo con un contundente argumento: no hay mucho dinero en caja, más considerando que nuestro país está esforzándose para sobreponerse a la crisis causada por los últimos tres desgobiernos.
“La Magdalena no está para tafetanes”.
A esto se suma otra particularidad del presupuesto presentado que varios juristas consideran anticonstitucional: partidas de dinero, de mucho dinero, que el Ejecutivo pueda mover a su antojo, sin pedir permiso a la Asamblea, como hacían Funes y los efemelenistas, que pasaban fondos de un lado a otro hasta que terminaban en bolsas negras.
Muchos sueñan con despilfarrar los dineros de los salvadoreños
Lo que corresponde es que los diputados analicen partida por partida del presupuesto presentado por el Ejecutivo, para eliminar “la grasa”, lo irrelevante, lo que no cumple función útil de ninguna naturaleza, los “elefantes blancos” que se pregonan.
Pero además de analizar partida por partida y eliminar lo innecesario, se debe dar seguimiento a la ejecución de proyectos y programas, asegurarse de que el dinero se usa con eficiencia, sin dejar remanentes que podrían utilizarse mejor.
Los dos previos clepto-regímenes que sufrió nuestro país no conseguían ejecutar más que un cincuenta por ciento de lo presupuestado, lo cual era una muestra de ineficiencia, pésima administración, despilfarros y Dios sabe qué otras lindezas.
Es natural que muchos quisieran tener acceso a cheques en blanco para armar sus fiestas, hacer su huaquita, repartir entre allegados como los rojos con los cuarenta y tantos mil activistas que al día de hoy siguen medrando de los dineros de este empobrecido pueblo.