Para tapar la gusanera ocultan la información pública por siete años

El presidente electo Joe Biden anunció que irá tras las causas que provocan el éxodo de centroamericanos al exterior y principalmente a Estados Unidos, lo que llevará a encontrar la desaforada corrupción, el lavado, el saqueo de dineros públicos

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El encierro activó el crecimiento de los pagos y transacciones en línea. Foto EDH / Archivo

Por El Diario de Hoy

2020-11-25 10:18:34

Cuando la Fiscalía desarrolla una intensa investigación sobre compras, que incluso fue obstaculizada por la policía del régimen, el ministro de Salud decide tapar, o intentarlo, los datos de sus sistemas informáticos por siete años, es decir, más allá de su periodo, lo cual los constitucionalistas no dudan en calificarlo como algo que va más allá de lo que establece la ley. El de Hacienda no se queda atrás negándose una vez más a rendir cuentas de los gastos durante la pandemia.
Y lo que viene a la mente de los salvadoreños es preguntarse qué movidas se quieren ocultar, compras turbias —como ya han sido denunciadas—, desvío de recursos, todo alegando que se hizo durante la emergencia por la pandemia, por lo cual no regía la LACAP. La Fiscalía ya reveló que tiene indicios de corrupción en al menos 17 casos, incluyendo el manejo de la pandemia. Eso da una idea.
La pobre excusa: “no se puede revelar información de los pacientes”, como si no pudieran emitirse versiones públicas de informes como lo hace la Corte Suprema de Justicia.
El argumento es prácticamente igual a lo que la brigada de protección a los corruptos alega para sepultar, por los siglos de los siglos, las robaderas de funcionarios: que las movidas saldrían a la luz, causándoles mucho daño.
Pero como ya hemos dicho, cuando las autoridades cogen con las manos en la masa a traficantes “de la competencia”, a los que saquearon una vivienda o comercio, a los que roban gallinas, sus captores los exhiben frente al botín decomisado, revelan sus nombres, dan datos sobre los cómplices que se hayan fugado… allí no hay miramientos sobre el daño que tal presentación en publico haya causado a “su honra”.
Esto pone de manifiesto una dolorosa realidad: si los mañosos son encopetados funcionarios, como es el caso de los “señores” ministros del cleptodesgobierno, no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero como dicen en mi pueblo, mañosos son mañosos y si en algo brilla el actual régimen es en su desbordada mañosidad, sus permanentes, incansables meneos para ir tras lo ajeno, en este caso reservas del Seguro Social, presupuestos públicos, préstamos…. Para callar a los bocones que denuncian lo que buena parte de lo que la gente sabe, hubo uno de ellos que por Tweeter, que luego borró, amenazó con dar fuego a la Legislatura “como en el país vecino”.
La víctima es el país, su gente, los que no tienen acceso ni a agua limpia
Como los sinvergüenzas creen que todos son sinvergüenzas, imaginan que habrá quienes, de los que andan escarbando los estercoleros del cleptodesgobierno (con doble mascarilla, una por el COVID, otra por la podredumbre) irán a vender información personal del empleado de oficina que encuarentenaron a la fuerza, de la señora que trataron y mataron por COVID pero que sufría de cáncer terminal…
Como inicio, el examen de computadoras, correspondencia, llamadas, los que tienen techo de cristal están sudando la gota gorda, lo que les hace echar mano de amenazas, insultos, descalificaciones, pues saben que en un futuro no habrá cloaca donde meterse, a menos que se larguen a Nicaragua o México, países que se han convertido en santuarios de mañosos. Y ya que mencionamos a la brigada de protección a los corruptos se dice que es muy del caso incluir en el clan al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al igual que la Interpol, que trata a los ladronazos como “perseguidos políticos”.
El presidente electo Joe Biden anunció que irá tras las causas que provocan el éxodo de centroamericanos al exterior y principalmente a Estados Unidos, lo que llevará a encontrar la desaforada corrupción, el lavado, el saqueo de dineros públicos que tendrían que estar al servicio de la gente, tanto en brindarles servicios esenciales como el abastecimiento de agua y los centros asistenciales, como buscar mecanismos para reducir el número de jóvenes estudiantes universitarios que a causa del desorden causado por la robadera, van a dejar sus estudios, esas promesas de todos los salvadoreños.