Policías y algunos empleados han intentado frenar las investigaciones de la Fiscalía sobre manejos dolosos en las compras efectuadas no solo para combatir la pandemia sino en lo general, particularmente en adquisiciones con sobreprecio, como se ha venido denunciando desde que el régimen asumió el poder el 1 de junio de 2019.
Lo que cualquier ente público paga por encima de los precios de mercado es un robo a la colectividad, a los que pagan impuestos, a todos los pobladores de un país. Esos robos siempre van a parar al bolsillo de corruptos, se trate de un empleado municipal de pueblo o, en los casos denunciados, de figurones de un régimen, sean ministros o “el mero mero”, según el decir de la gente.
Por desafortuna, lo que un país tiene el derecho de conocer, pues se trata del patrimonio general, lo esconden las entidades que están en la obligación de investigarlo y exponerlo.
Las justificaciones para no informar son pasmosas, asombran aun en un país donde la capacidad de asombro no se agota.
Ahora la Corte Plena y el Instituto de Acceso a la Información Pública, que deberían garantizar la transparencia y la probidad, están negando al conocimiento público los informes patrimoniales de funcionarios, alegando que contienen información privada, pero quienes en realidad se benefician con esto son los mañosos. El que nada debe, nada teme.
Si una banda de barrio se mete a un negocio y roba enseres diversos, el dinero de la caja, golpea dependientes y perpetra otras barbaridades, cuando los capturan se divulgan fotos de ellos frente al botín decomisado, con los rostros descubiertos, consignando sus nombres, todo frente a fotógrafos y reporteros. Pero si se trata del “señor” ministro, del cabecilla de un partido político o del “mero mero”, eso no sucede, pues “los pone en riesgo”, afectaría a sus familias….
Cuando pillan un furgón “de la competencia” cargado de droga, los captores no vacilan en poner al colombiano, nicaragüense y guanaco frente a los paquetes de droga, con las armas decomisadas, sus nombres y apodos… ninguno de los captores piensa en cómo eso puede afectar a sus inocentes niños, muchas de sus mamás… la ley es la ley, y como dijo alguien, “no valen diferencias sociales… todos somos iguales, etcétera”.
Pero en este saqueado suelo hay unos más iguales que otros, como se describe en “La Granja de Animales” del inglés George Orwell.
Ministros y sus serviles arrastran los pies cuando les piden informar de gastos
La Corte no debe convertirse —para bien de ellos mismos pero por encima de todo para bien de la colectividad— en una especie de sepulcro donde se deja, para toda la eternidad, lo que el colectivo en buena parte sabe y que denuncia con frecuencia, pero mientras no haya datos completos no puede proceder a procesar.
Y obviamente es lo que viene sucediendo en la forma más descarada, como la sustracción de más de 30 millones de dólares de los cotizantes del Seguro, lo que se embolsaron al vender la Lotería y el más abierto saqueo de todos: el “Hospital El Salvador”, para el cual están pidiendo un presupuesto ANUAL de sesenta millones de dólares.
Abundan las señales de la manipulación, como el estar desmontando todos los entes fiscalizadores, para lo cual recurren a las más insólitas maniobras, como declarar que el local no ofrece garantías para la salud del personal, etcétera…
Mañosos son mañosos, PUNTO…