La Sala de lo Constitucional ha ordenado al Fiscal General que procese por desobediencia, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y coacción a los funcionarios que impiden el regreso de salvadoreños y extranjeros residentes en el país.
Frente a los juegos de palabras y burlas para justificar las restricciones a los connacionales, el máximo tribunal no duda en calificarlos como “censurables artilugios” para trasladarle el trabajo sucio a las aerolíneas, evadir una orden judicial y “erosionar el Estado de Derecho”.
Por más excusas legales que dé, el Fiscal tenía que enviar a sus agentes al aeropuerto a documentar la desobediencia de los funcionarios al mandato de la Constitución y la Sala de no impedir el ingreso de salvadoreños, con la misma eficiencia con la que ha actuado de oficio en otros casos.
Una vez más la Sala deja sentado un principio: los funcionarios no deben obediencia a su superior jerárquico, sino a la Constitución, cuando las órdenes, decretos o resoluciones emanadas de aquél transgredan la mismaCarta Magna. Es más: cada funcionario o empleado responderá personalmente si lo hace.
Esto vale también para los funcionarios que se niegan a responder las indagatorias de la Asamblea Legislativa, como el titular de Agricultura o el de Hacienda, que les mandó a decir a los diputados que lo citaron so pena de mandarlo a traer con la policía: “Hagan lo que quieran”.
En este punto, de lo que se trata es de investigar “dónde está el dinero”, los millones y billones de dólares que han pasado por la presidencia y ministerios, dineros públicos sobre los que se niegan a informar, llegando al extremo de querer anular las disposiciones de LACAP que obligan a transparentar de cara al país toda compra y contratación que realicen el Ejecutivo y cualquier entidad pública.
El Ministerio Público, la Fiscalía, debe actuar como un órgano independiente sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad, en defensa de los intereses que le estén encomendados, que le mandan también procesar por desobediencia a los funcionarios que se niegan a dar la información que les fue requerida por la Asamblea.
Lo importante en estos momentos es averiguar dónde está el dinero
En el caso presente la Fiscalía no puede ni debe retardar las investigaciones, que suscintamente se resumen en responder a la pregunta “dónde está el dinero”, los centenares de millones de dólares que se han esfumado.
Por las señas que hay, los desgobernantes parten del dogma de que “lo conquistado (lo que se mete en el bolsillo ) no se entrega”, de que es apenas una pequeña recompensa por todos los sacrificios que hacen para los salvadoreños, que deberían permanentemente agradecer a todos los dioses del universo universal como dirían, por habernos hecho la merced de colocar en este suelo al “más cool de todos los cools en el mundo mundial”.
Pero las cuantías de lo “desaparecido” superan en varios centenares de millones lo que se atribuye tanto a Saca como a Funes haberse embolsado, sumas que asemejan lo que se dice que los expresidentes del PRI mexicano como López Portillo y De la Madrid se llevaron al finalizar sus mandatos.
Esos fondos no provienen “de obispos holandeses”, no es una especie de maná que cae del cielo, no son dádivas de regímenes externos sino dineros públicos, dineros de la gente en este suelo, dinero que tiene que pagar con impuestos, por el mayor costo de lo que consume, por sus privaciones y su hambre.
El hambre azota a centenares de miles de familias desde que saquear al país se hizo la práctica “normal” de los que llegan al poder, incluyendo el saqueo de los fondos de pensiones (en los que el actual desgobernante pretendió meter mano pero ¡oh milagro! desistió)…
Lo más importante: debe el Fiscal averiguar DÓNDE ESTÁ EL DINERO.