Sin que apenas lo note la población, el régimen ha estado pasando una serie de leyes que plantean límites y amenazas contra la libertad de expresión y el derecho de los salvadoreños a estar informados a través de los medios independientes.
Una de ellas podría utilizarse hasta para obligar a médicos, psiquiatras, sicólogos, periodistas y hasta curas a revelar secretos profesionales y de confesión. Otra propicia el ocultamiento de información pública y amenaza con sanciones a funcionarios e informantes.
Otra es la de la Ley de Delitos Informáticos que esgrimen policías y otros agentes del régimen para que no se les filme ni denuncie cuando cometen abusos o procedimientos anómalos, como le ocurrió al joven Henry Arturo Benavides, ahora procesado por grabar y alertar por la detención de su madre sin que los captores presentaran una orden judicial.
Lo más inaudito es que sea el Ministerio Público, que "debe defender los intereses de la sociedad" y perseguir todo tipo de abusos, el que, en lugar de premiar a Benavides, intente refundirlo en la cárcel. Esto a pesar de que un tribunal ya determinó el joven no infringió ninguna ley al revelar lo que estaba ocurriendo y subirlo a las redes sociales.
La jueza del caso resolvió que en el proceso no se estableció que el acusado haya revelado
información personal del agente policial, sino lo que consta en registros públicos que la misma ley les obliga a andar visibles. Lo que sí quedó claro es que los captores buscaban a otra persona y como no la encontraron decidieron llevarse a la madre de Benavides, según planteó la defensa.
En la era de la tecnología lo primero que hacen las policías más especializadas es recurrir a testigos de "vistas y oídas", pero también a grabaciones de audio y video, testimonios, documentales para fundamentar un caso.
Por eso es que lo primero que hacen los policías y hasta miembros de seguridad privada —que no tienen ninguna facultad legal— es alegar que no se les puede filmar y que se les pone en peligro y quieren obligar a periodistas y fotoperiodistas a borrar las imágenes que tengan, lo cual es una arbitrariedad porque se trata de servidores públicos cuya obligación es ir bien identificados y deben estar siempre bajo el escrutinio público.
Esto es como la confusión que sembró un jefe de policía al decir que eran "los jueces de la calle", lo cual se prestó para más abusos. En Guatemala comenzaron a tolerar muchos abusos con tal que persiguieran a los delincuentes, pero esto se volvió contra la misma ciudadania.
La amenaza no son los que denuncian sino los que abusan de la gente
Según datos del informe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) el año pasado se registraron 522 denuncias por detenciones ilegales y arbitrarias, en las cuales la PNC se encuentra entre los principales agresores con un 80.08% de los casos. Muchos de esos casos corresponden a periodistas, entre ellos varios de El Diario de Hoy.
Otras anomalías identificadas en el informe fueron los engaños que agentes policiales utilizaron para que las personas los acompañaran voluntariamente a las delegaciones, donde las dejaban detenidas.
En su labor de echar todo el tiempo cortinas de humo sobre la situación calamitosa en la que ha caído el país, que sufre un grave deterioro en los sectores de salud y educación, se inventan acusar de delitos a periodistas, fotógrafos y ahora hasta ciudadanos de a pie.
Lo que se busca con estas arbitrariedades es sembrar miedo e impunidad, que la gente no reclame sus derechos y que los agentes del régimen se sientan con la seguridad de que si cometen abusos no les pasará nada, por eso es lo mismo que ven y transmiten desde arriba. Eso es lo que debe de haber pensado el sargento que violó salvajemente a una jovencita en Mizata…