Para desviar la atención de la cuestionada concesión de un servicio de videovigilancia a una empresa extranjera sin la aprobación de la Asamblea, el alcalde capitalino echa mano de un viejo recurso: el pago de una tasa o tributo del cuatro por ciento, declarando que “se le cobrará a las viviendas de clase alta, a las empresas y comercios”.
Pero el más simple análisis sobre cómo opera la economía de un país indica que cargas e impuestos de toda naturaleza siempre los terminan pagando todos los pobladores, indistintamente de sus ingresos.
El expresidente Sánchez creía, mostrando un abismal desconocimiento de economía, que el impuesto a los depósitos decretado durante su régimen lo pagaban los bancos, no el público.
Toda carga tributaria o de la naturaleza que sea obviamente es un costo y como tal se pasa para abajo, sea a través de alzas en los precios, reducción en calidades y, en casos extremos, cerrando el negocio y tomar las de Villadiego, marcharse a países más cuerdos tributariamente o metiendo el dinero en cuentas corrientes u otra clase de inversiones.
Se mete el dinero a plazo fijo y todas las tribulaciones que acarrea manejar negocios se vuelven asuntos del pasado.
El alcalde debió realizar una transparente licitación pública, como lo merecen los capitalinos, los que pagan el pato de las fiestas y malas decisiones de sus alcaldes y regidores. Incluso, abogados consultados señalan que esa es una concesión de obra pública y, por tanto, debió ser aprobada por la Asamblea Legislativa.
¿De cuán profunda sabiduría e intuición está dotado el concejo capitalino para decidir por sí y ante sí a quién darle el contrato para la videovigilancia, más tratándose de una tecnología que rápidamente puede volverse obsoleta?
¿Quién puede decir que en unos pocos años, menos años que la concesión otorgada, una empresa como Google Maps tenga capacidad para ofrecer esa vigilancia desde el espacio “a precios de me lo llevo”?
Bien se sabe que cámaras con la actual tecnología pueden leer desde la Luna un periódico tirado en el suelo de una acera, como se demostró hace varias décadas cuando desde un avión supersónico se fotografió a un hombre paseando con su perro. Ni el hombre ni el perro se dieron cuenta de que esa calle estaba siendo sobrevolada por aviones de ninguna clase…
Sin licitaciones claras y públicas se abusa de ciudades y países
Lo que se objeta, en todo caso, es comprar o contratar servicios sin llevar a cabo, repetimos, una transparente licitación pública, en la que los ciudadanos puedan conocer los detalles y verificar que los concursantes no tengan antecedentes cuestionables. De hecho, se le ha puesto “reserva” por cinco años al expediente del proceso de licitación. Yson concesiones en las que la Asamblea debe tener la última palabra.
De hecho, ya empresas de todo tamaño tienen cámaras de vigilancia instaladas y ha sido gracias a ellas que muchos crímenes se han resuelto.
Lo mismo diremos con respecto al préstamo por ciento nueve millones de dólares que tanto requiere la presidencia. Primero se debe demostrar que la compra de un buque y aviones de vigilancia o combate es necesaria para mejorar la seguridad en el país.
Pasado ese examen, deben fijarse las cláusulas para realizar una compra a través de licitaciones públicas, transparentes y abiertas a oferentes internacionales. Nada de “dedazos”.
Los “dedazos”, aquí y en el mundo entero, son campo de movidas, enriquecimientos ilícitos, cargas sobre ciudades y países.