Cuando el objetivo de un funcionario o de un presidente —de los que llegan a servirse y no a servir— es embolsarse lo que puedan del patrimonio de una nación, los meneos para alcanzar ese fin se detectan desde leguas de leguas…
Las barreras, los impedimentos al saqueo son, en el caso salvadoreño, varios: la Corte de Cuentas, el Ministerio Público cuando no está bajo control de prevaricadores, las indagatorias legislativas y, en primera línea, las normas de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
La LACAP obliga a que cualquier compra o contratación que se realice por funcionarios de todo nivel tiene que ceñirse a determinadas reglas: los procesos tienen que ser transparentes, publicarse en uno de los diarios de mayor circulación del país (para que todos los interesados puedan informarse y conocer lo que se maneja y sus condiciones )…
En esencia: todo tiene que llevarse a cabo “a plena luz”, de cara a la población, no al amparo de la nocturnidad y con alevosía.
Las publicaciones periodísticas permiten consultar las veces que sea necesario la convocatoria a un concurso público, cotejar condiciones, objetarse, interponer recursos.
El desgobierno actual y de acuerdo con lo declarado por el Visitador de la Real Audiencia, se ha comprometido a combatir la corrupción, a vigilar el gasto público, a perseguir a los mañosos.
Pero…
La gran ocurrencia, el ardid, el as bajo la manga, la llave para saltarse esas molestas trancas y requerimientos, la forma de otorgar a dedo, en instantes, a los confabulados, pasa por un simple acto:
¡Reformar el reglamento de la LACAP!
Reformarlo de tal forma de que, en un caso hipotético, se pueda convocar “en medios electrónicos” a las diez de la noche, dando plazos perentorios, digamos de doce horas; da un plazo de doce para presentar ofertas, las que serán resueltas y otorgadas en las siguientes tres o cuatro horas, como ejemplo.
Como nadie va a pasar todos los días y todas las noches, a toda hora, revisando si “en los distintos medios electrónicos” se anuncian convocatorias a un concurso para adquirir tal o cual equipo o participar en una contratación, lo obvio es que solo los miembros de la argolla van a enterarse y van a participar, pues a quienes por una de esas extrañas casualidades llegaran a saber del asunto, en todo caso no les dará tiempo para preparar ofertas.
Son nulos de toda nulidad reglamentos que pisotean la Constitución y las leyes
En los últimos casos de compras de granos o mascarillas a sobreprecio —a los miembros de la argolla les encanta comprar a sobreprecio, pues en tal forma alguien puede embolsarse la diferencia— no les dieron tiempo a terceros a participar, además de que descalificarlos y sacarlos de la puja es muy simple: el azul de las mascarillas no es el tono adecuado y “etcétera, etcétera, etcétera”.
Pero ¿por qué molestarse con las exigencias de la LACAP cuando lo procedente es anular con fáciles disposiciones esa piedrita en el zapato?
Queda desde luego un pequeño reparo: el Ejecutivo tiene la facultad de emitir regulaciones a las leyes, pero no si anulan el objetivo para el cual se decretó la ley.
Los cambios que ha hecho el Ejecutivo al reglamento de la ley de LACAP son nulos de toda nulidad, un monstruoso adefesio a disposiciones normales en todo país democrático para impedir el saqueo de patrimonios públicos.