El Fiscal General ha abierto causa contra René Figueroa, exministro de Seguridad y otro a quien -pese a que era una afable persona que nunca asesinó ni secuestró ni maltrató a nadie- se llevó de encuentro la trama de corrupción que ha causado el encarcelamiento de varias personas asociadas con el expresidente Saca.
Pero, como le advertimos en repetidas ocasiones al anterior Fiscal General, las autoridades no están llegando a todos los principales señalados por corrupción, principalmente en los dos últimos gobiernos y comenzando por los que causaron el hoyo financiero en ANDA y por el que casi se suspende el suministro de agua por falta de pago a las distribuidoras de electricidad.
El Salvador no puede seguir en el juego de “unos en el suelo mientras otros en la cama”, saqueadores que están muy tranquilos después de haber hundido al país en una crisis, sustraído dinero de los fondos de pensiones (condenando a la pobreza a los actuales y futuros jubilados) y fraguando alianzas con narcodictaduras.
Nadie entiende, por ejemplo, cómo hubo tiempo para que Funes y su grupo pudieran esfumarse, pero a Saca le cayeron sin ningún miramiento en la fiesta de su familia.
Sólo hay que ver lo que hicieron con El Chaparral: el proyecto costaba 219 millones de dólares, la constructora lo dejó tirado y aún así le dieron 108 millones de dólares, después dijeron que el terreno era inadecuado y que mover las obras llevaría los costos a más de 400 millones de dólares y ahora resulta que serán ¡750 millones de dólares! Es tiempo de que la Fiscalía profundice a dónde se fue tanto dinero.
En la misma condición están los 40,000 activistas contratados desde tiempos de Funes, que sólo constituyen una rémora para el presupuesto y cuyos salarios podrían usarse en contratar a personal calificado, en obras en hospitales y escuelas o simplemente ahorrar para no endeudarnos más.
El Fiscal es el funcionario encargado de vigilar el correcto manejo de recursos públicos —vale decir, de los dineros de la gente— y tener el monopolio de la investigación judicial, como parte de sus atribuciones constitucionales. Ahora se vuelve más que urgente que el jefe del Ministerio Público persiga la corrupción venga de donde venga y no deje pasar más tiempo, pues luego los corruptos esperan con ansia y frotándose las manos que el tiempo pase para después alegar que sus delitos ya “prescribieron” o cesó su tiempo de persecución.
Hay que investigar quiénes llevaron a tomar los ahorros de los trabajadores
Ninguna institución estatal debe quedar fuera del escrutinio de la gente, de los tanques de pensamiento, de los productores, de las múltiples asociaciones ciudadanas, ni menos el Ministerio Público, que debe ir tras los responsables de saqueos, despilfarros y actos que causan graves daños a la población.
Mencionaremos otro caso muy grave: forzar a las AFP a comprar bonos estatales a tasas exiguas por el dinero que ha tomado el gobierno, lo que tuvo como consecuencia nefastas en los ahorros de los trabajadores salvadoreños.
Los que ordenaron semejante tropelía han causado un perjuicio gravísimo al país. Toca al Fiscal General indagar quiénes tomaron esa decisión aun después que la Sala de lo Constitucional ordenara que se pagara a tasas de mercado.
Esa clase de decisiones no se toman al azar por grupos anónimos, sino que son precisas órdenes dictadas por precisos funcionarios. Y un atraque de esa magnitud no debe quedar impune.
Igual sucedió con el embrollo creado con la generación eléctrica para convertir el sector en una “caja chica” de las cleptocracias en el poder.
Combatir sin tregua esos graves delitos y afrentas contra la buena fe y el bolsillo de los salvadoreños es el deber del Ministerio Público.