El exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, fue condenado a 12 años de cárcel y a pagar una indemnización de casi 13 millones de dólares por actos de corrupción que le atribuyeron en el proyecto del bulevar Diego de Holguín.
Sin embargo, el mismo Fiscal General, Raúl Melara, ha reconocido que el principal implicado en los hechos nunca fue procesado y por ello ha ordenado una nueva investigación. Corrupción no sólo es robar, sino también no procesar al ladrón ni al corrupto.
Según explicó Melara, las indagaciones no sólo incluirán a sus predecesores en la Fiscalía, sino también al exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, quien antecedió a Nieto.
A Nieto se le impuso una pena mayor que la del expresidente Saca, a quien se le atribuye un robo de trescientos millones de dólares, pero fue condenado a diez años de prisión.
Haciendo una simple regla de tres, si por doce millones condenan a Nieto a doce años, Saca tendría que haber sido sentenciado a trescientos años, mientras los efemelenistas y todos los que robaron los cinco mil millones de los fondos de pensiones deberían purgar alrededor de seis mil años, pero dado que “chucho no come chucho”, lo probable es que ni siquiera abran un expediente contra esa maldición bíblica que cayó sobre nuestro país.
A Nieto varios amigos le aconsejaron que hiciera una auditoría de cómo se encontraba el Ministerio cuando asumió el cargo, pero no lo hizo, y como en esta tierra justos pagan por pecadores —o más bien por ladronazos— el exministro se ha convertido en el chivo expiatorio de tales atracos.
El grave problema que pesa sobre los salvadoreños es el manoseo que se hace de las leyes, las que además no encaran ni la corrupción ni la impunidad de determinados grupos ni el grotesco pisoteo de los pesos y contrapesos institucionales. En vez de abocarse a corregir tal situación, los partidos políticos se enfrascan en discutir las ocurrencias de algunos de sus miembros, o se ponen a regalar lo que no es suyo, como hicieron con el FODES, o a cargar sobre el Seguro Social lo que no está preparado para atender.
Vamos con la aprobación del presupuesto. En un país empobrecido y revuelto no estipular con todo detalle en qué se utilizarán fondos públicos equivale a dar carta blanca al Ejecutivo para que use como le dé la gana dineros de los contribuyentes, para que haga fiesta de lo que la gente con sacrificios genera y de lo cual se priva.
Tal abuso se pone en evidencia con la pretensión de que dineros destinados al fondo de pensiones se “reorienten” supuestamente para la alimentación de reos, cuando lo justo es que vayan al destino para el que fueron presupuestados.
No hay que servirse del cargo sino servir a la Nación
El poder, se trate del que por su cargo ostentan desde alcaldes de pequeños municipios hasta presidentes, no es una patente de corso, una licencia para abusar, enriquecerse o perseguir a opositores, sino la oportunidad de servir al pueblo, al conglomerado, no servirse a sí mismos.
La prosperidad de una nación, la convivencia pacífica entre sus pobladores, es resultado de confianza en las leyes, de no temer agresiones por el solo hecho de oponerse a un esquema o ser del partido contrario. Y, sobre todo eso, lograr la observancia de los derechos de todos a libertades esenciales, a actuar sin que una jauría lo ataque.