Las instalaciones de la clausurada fábrica de baterías Record se incendiaron, pese a estar desde hace 13 años bajo custodia policial. Más de una semana después del siniestro, el jefe de la Policía no explica por qué las instalaciones no estaban resguardas como se lo habían ordenado un tribunal y las autoridades sanitarias.
Si fue un fuego provocado para crear una cortina de humo que encubra el desastroso manejo de la pandemia —que suma hasta el momento 20,872 contagios y 563 muertos según los informes oficiales— o para encubrir un robo, está por establecerse.
En la planta se guardaban al menos 800 toneladas de plomo, lo que siempre es un muy apetecible botín para las hordas de ladrones que han caído sobre esta tierra y que ha ido siendo saqueado en todo este tiempo, según los abogados de la empresa.
Se nos dice que en 2007 un individuo que encabezaba una división de salud encargada de asuntos afines llegó al lugar, vio el gran crisol donde había una gran cantidad de plomo en fundición y, con la característica prepotencia del burócrata empoderado, ordenó que “inmediatamente”, “¡ya!”, se apagara, desconociendo por ignorante que hornos de esa clase, como las fundiciones de vidrio, siguen un protocolo para cerrar.
Toda clausura tiene que ceñirse a procesos. Nada se abandona de un día a otro, o se deja tirado, a menos que por circunstancias totalmente fuera de control no haya más alternativa que salir cuanto antes de algo que está a punto de desplomarse, de estallar.
Cuando una persona se ve forzada a dejar una vivienda, pide a sus empleadas domésticas que recojan sus cosas, empaquen, apaguen luces y aparatos, vacíen la nevera…
Así mismo negocios que se ven obligados a cerrar tienen que recoger sus documentos, sus libro de actas, desocupar escritorios, guardar archivos, cerrar o dejar en suspenso cuentas bancarias…
A esto se agrega notificar proveedores…
Forzar cierres como el que tanto daño ha causado a la zona donde operaba la fábrica, al igual que perseguir judicialmente a los propietarios por culpa de un burócrata prepotente, muestra los graves perjuicios que actos atolondrados son capaces de infligir.
Ahora toca a los salvadoreños desmontar los esquemas de corrupción que vienen de lejos
Los salvadoreños tendrán en un futuro muy próximo que desmontar el esquema de corrupción y saqueo que desde Saca y en el momento que el Bin Laden regional se acerco a él, hasta lo que está sucediendo actualmente en que bajo las narices del conglomerado se ha institucionalizado —si cabe tal expresión— un esquema de saqueo, desobediencia a las leyes, encubrimiento de cómplices, atropellos sin fin y amenazas a la libertad de la gente.
Para muestra: unos meses antes de dejar la Alcaldía de San Salvador, el ahora diputado Norman Quijano inició trabajos para construir bóvedas en la colonia Málaga y otras de San Salvador por donde pasa el Acelhuate, para hacer canchas de baloncesto comunal y reducir el grave riesgo de que aguas desbordadas llegaran a tragarse personas y vehículos.
Pero al llegar Funes, ahora fugado en Nicaragua, el dinero “se esfumó”, como se vienen esfumando desde entonces cuantiosos caudales.
Por la falta de bóvedas un bus lleno de fieles de una iglesia evangélica cayó en las aguas y perecieron todos.
Los fondos para los trabajos fueron “privatizados”, como tantos recursos en los recién pasados tiempos del “bien vivir”, en igual manera como hoy se vaporizan ingentes cantidades de dinero…