Hacienda pretende que la asignación de fondos del Presupuesto General de la Nación esté supeditada a las prioridades del Ejecutivo, no a lo que la Asamblea o la Corte Suprema y otras instituciones determinen en su carácter de organismos del Estado y, por ser El Salvador una democracia representativa, de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de los distintos sectores del país.
La reforma que propone llevaría al Ministerio de Hacienda a adquirir superpoderes y llevaría al Poder Ejecutivo a suprimir los contrapesos institucionales —función esencial de la división de poderes y de la Legislatura—, poner el control de dineros que son de la colectividad, de los salvadoreños, a lo que el Gobierno de turno disponga por sí y ante sí, una propuesta inaceptable desde todo punto de vista. El país no está para dedazos.
En la publicación de este Diario del lunes 18 se exponen con claridad los puntos en que la propuesta de reforma de Hacienda choca con disposiciones constitucionales, con la separación de poderes y autonomía de municipios y otras entidades, con el sentido común, como no ajustarse al año fiscal. Entre otras cosas se dice:
1. Presupuestos del Estado estarían sujetos a las prioridades del plan de Gobierno: todas las instituciones estatales, que incluye alcaldías, autónomas, órganos Legislativo y Judicial, tendrían que hacer sus proyecciones fiscales de forma “plurianual” (es decir, más allá del año fiscal), además de asignar recursos institucionales con un “enfoque hacia resultados” y hacer la programación financiera de los techos (o límites) de gastos institucionales de mediano plazo, pero esas proyecciones deben “guardar relación con las prioridades del Plan General del Gobierno”.
2. Autónomas tendrían presupuestos acordes a prioridades del gobierno.
3. Obligarían a aplicar Política Presupuestaria de mediano plazo: “La Política Presupuestaria de Mediano Plazo es el instrumento normativo por medio del cual se determinarán las orientaciones, prioridades, medidas y asignación global de recursos, guardando relación con las prioridades del Plan General del Gobierno”.
4. La reforma propuesta comprometería fondos para el año fiscal siguiente.
5. Las instituciones solo gestionarían pagos y Hacienda pagaría todo.
6. Crearían una “unidad responsable de proyectos estatales”, adicional a la Unidad Financiera Institucional (UFI) que hay en cada institución.
El Salvador no está para más deudas ni dedazos
Otra señal de la confusión que prevalece es que se pide un financiamiento de novecientos millones de dólares, que solo puede venir de otro préstamo, para pagar préstamos, como cuando alguien paga lo que debe en una tarjeta de crédito cargándola a otra y hundiéndose, de esa manera, en una espiral ruinosa.
La amenaza grave para lograr recomponer la economía nacional es seguir endeudándonos, además de caer en las impúdicas maniobras de las tres cleptocracias que finalizaron hace poco más de medio año: usar los presupuestos como caja chica, no solo los asignados, sino además los fondos de entidades como la CEL, así como robarse los ahorros de pensiones de los trabajadores.
Una familia, negocio o asociación que no ajuste sus gastos a lo que son sus ingresos va camino de la ruina. Los préstamos son siempre válidos cuando mejoren, hagan más eficiente, competitiva, la posición de un grupo o individuo.
Continuar endeudándonos es quedar a merced de los prestamistas, sujetos a lo que otros dispongan, no a lo que consideremos es la mejor ruta para cada quien y para El Salvador.