“Desabastecimiento impactó en los pacientes con epilepsia del ISSS”, “Hospitales del ISSS operan con el 50% del personal de limpieza”, “ SIMETRISSS denuncia escasez de insumos descartables en el ISSS”, “El 95% de las clínicas comunales del ISSS tienen problemas de infraestructura”, “ISSS quita cupos de cirugía a unos para dárselo a otros pacientes”… Estos titulares de noticias de los últimos meses reflejan un panorama de las crisis que está enfrentando el Seguro Social, según lo ha denunciado el sindicato de médicos y otras fuentes.
Si se llega a niveles de escasez de insumos y equipos clave, además del uso de 75 millones de dólares de los fondos de las reservas durante la pandemia que no se sabe si fueron reintegrados a la institución, ¿como se estaría planteando una posible fusión con el Ministerio de Salud, como la que denuncia el SIMETRISSS?
Basta ir a una unidad de salud o del ISSS para darse cuenta de muchas carencias y que el sistema funciona en muchos casos por el esfuerzo de los empleados que buscan resolver los inconvenientes que van surgiendo.
Lo más sensato es ordenar la casa, sanear finanzas, reponer las reservas que utilizaron, mejorar el presupuesto de salud, no tocarlo para tirarlo al "agujero negro" que traga y traga y traga más y más recursos de la nación.… cada cual con su cada quien, no haciendo un pozole institucional y financiero que solo terminará quebrando ambas entidades, porque los males de una contaminarán a la otra y viceversa. Bien dicen que “el que mucho abarca, poco aprieta…”.
Pero hay un hecho clave: el ISSS se sostiene con los dineros que pagan empleadores y empleados precisamente con ese fin. Los no asegurados cuentan con el sistema público de salud, que dispone de presupuestos con ese propósito.
Y no es asunto de mezquindad, sino de que las instituciones funcionen ordenadamente, cada una para atender el segmento poblacional que le corresponde y fortalecerlas individualmente para cumplir con el propósito para el que fueron creadas. Ya el ISSS tiene más de un millón de cotizantes y ha sido recargado en los últimos años con la atención a otro millón de personas, entre cónyuges e hijos de cotizantes, lo cual es un importante y de beneficio para las familias, pero no lo es sumarle cargas o asumir las de otro sector.
No podrán vestir ni a un santo ni al otro…
Los pacientes se quejan de que en el ISSS para una cita con especialistas o exámenes como una ultrasonografía deben esperar hasta seis meses o más, y estamos hablando de personas con limitados recursos, ya castigadas con el alto costo de la vida, que no pueden pagar atención privada y se arriesgan a mayores complicaciones o hasta a la muerte.
En la parte del sistema estatal de salud, solo hay que ver cómo se han tardado más de seis años en construir el nuevo hospital Rosales y como impulsivamente desmantelaron parte de las antiguas instalaciones.
A esto se suma la fuga de especialistas de ambos sistemas por falta de incentivos, sobrecarga y las críticas carencias. Un agravante en todo esto es el silencio oficial, la oscuridad en la que se manejan estos asuntos, la falta de transparencia de cara a la población.
Como ocurre en todos los proyectos, nadie sale a explicar, a dar detalles de gastos, a exponer beneficios esperados.
Solo se limitan a decir que “todos los sistemas pueden funcionar”, para después salir con sorpresas que no benefician a la gente, sino al grupo en el poder, como ocurrió con los ahorros de pensiones de los trabajadores, del que cada vez sustraen más y más dinero, volviendo incierto el pago de jubilaciones a futuro cuando se acabe el dinero.
La consecuencia es que al llegar a "los años dorados" o sufrir una invalidez por diversas causas, los ahora trabajadores se encontrarán sin dinero para pensionarse ni servicios de salud que los cuide, pues no hay forma, hasta hoy, de recuperar los miles y miles de dólares tragados por el voraz agujero.
Los autores de estos engendros resuelven su problema, como ya han resuelto su vida nutriéndose del Estado y obteniendo créditos favorables de la banca estatal, pero los salvadoreños quedan “amolados”, como expone la encuesta de la UCA al preguntar sobre el costo de la vida y el acceso a vivienda, por ejemplo.